La oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humano, Volker Turk informó este martes que siguen con “profunda preocupación” la detención de la activista, Rocío San Miguel, y de su núcleo familiar.
En su cuenta de Twitter, el organismo internacional puntualizó que su paradero sigue siendo desconocido y calificó el hecho como una “desaparición forzada” de la abogada y periodista, quien es especialista en defensa y seguridad.
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“Seguimos con profunda preocupación la detención de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel. Su paradero sigue siendo desconocido, lo que podría calificar su detención como desaparición forzada”, publicó.
En este sentido, la ONU instó al gobierno de Nicolás Maduro a liberar “inmediatamente” a San Miguel, a sus hermanos Miguel Ángel y Alberto, y a su hija Miranda; así como a Alejandro González (expareja) y Víctor Díaz (padre de Miranda). También exigió el respeto a su derecho a la defensa legal.
El pronunciamiento se da horas después de que el fiscal general de la República, Tarek Willam Saab anunciara la audiencia de presentación en contra de las seis personas supuestamente involucradas en la operación Brazalete Blanco.
Fiscalía
“Ahora… En desarrollo audiencia de presentación de 6 ciudadanos: quienes luego de las #investigaciones preliminares de rigor aparecen presuntamente involucrados en la Trama Conspirativa denominada Brazalete Blanco”, publicó.
Saab indicó que, luego de librar las órdenes de aprehensión “dentro de los lapsos legales correspondientes y en estricto apego al respeto de los derechos humanos y garantías constitucionales”, solicitará ante el Tribunal Segundo Contra Terrorismo una medida de preventiva de libertad en contra de Rocío San Miguel por la presunta “comisión de delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación” para delinquir, entre otros, no especificados.
Con respecto a Alejandro González, expareja de la activista, el MP pedirá también medida de preventiva de libertad por, supuestamente, comisión de los delitos de revelación de secretos “políticos y militares” concernientes a la seguridad de la nación; así como, obstrucción a la administración de justicia y asociación.
“En el marco de dichas investigaciones en marcha, el MP solicitará en relación con los cuatro ciudadanos restantes medidas cautelares consistentes en presentaciones periódicas ante el tribunal de la causa”, detalló.
Con información El Cooperante
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