La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó «la represión violenta» contra manifestantes en Venezuela tras las elecciones del domingo 28 de julio.
En un comunicado, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) pidió al Gobierno venezolano a garantizar el derecho a la libertad de expresión, la reunión pacífica y la seguridad de quienes ejercen su derecho a protestar.
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Señaló que desde la finalización de la jornada electoral, se han registrado más de 300 protestas espontáneas en todo el país, en las que los ciudadanos exigen respuestas a denuncias de irregularidades en el conteo de votos y falta de transparencia en el proceso electoral.
La CIDH registra que al menos 115 de estas manifestaciones han sido reprimidas violentamente, mientras que el presidente Nicolás Maduro había advertido previamente sobre la posibilidad de «un baño de sangre».
Según la organización, la «represión se ha caracterizado por el uso de la fuerza estatal y la participación de grupos civiles armados conocidos como colectivos, que operan con aparente respaldo gubernamental».
Organizaciones de derechos humanos informan que, como resultado de la violencia desatada, más de 11 personas han fallecido, y se han documentado casos de ejecuciones extrajudiciales, lesiones graves.
Llamado
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reafirma que la protesta pacífica es un pilar esencial en las sociedades democráticas que promueven el respeto a los derechos humanos. Asegura que es responsabilidad del Estado respetar, proteger y garantizar el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica, así como implementar todas las medidas necesarias para resolver los conflictos, priorizando siempre el diálogo y la negociación.
La CIDH subraya que esto debe hacerse en conformidad con los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza. Afirma que se debe excluir el uso de armas de fuego en los operativos de control de protestas sociales para evitar la violencia letal.
Además, la CIDH insta a las autoridades de Venezuela a actuar de buena fe y respetar sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, garantizando el derecho al asilo, el refugio y las relaciones diplomáticas.
También se exige el cese inmediato de las prácticas que violan los derechos humanos. Es crucial avanzar en investigaciones independientes, imparciales y transparentes, así como sancionar a los responsables tanto materiales como intelectuales de estas violaciones. Se debe evitar la criminalización de quienes participan o apoyan las protestas, incluyendo a los periodistas que las cubren, y liberar a aquellos que han sido detenidos por tales motivos.
Es indispensable restablecer de manera urgente el orden democrático y el Estado de Derecho, garantizando la independencia y el equilibrio de poderes, lo que incluye la autonomía del Consejo Nacional Electoral.
Finalmente, la CIDH hace un llamado a la comunidad interamericana a mantener una vigilancia activa frente a la creciente crisis institucional en Venezuela y a activar de manera coordinada los canales diplomáticos, tanto bilaterales como multilaterales
Con información de EFE
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