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Acnur apoya políticas migratorias de Uruguay

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) apoyará con unos dos millones de dólares las políticas migratorias que lleva adelante Uruguay.

Así lo explicó a la Agencia EFE desde Ginebra (Suiza) el vicecanciller uruguayo, Nicolás Albertoni, quien destacó este hecho como un reconocimiento a las políticas migratorias que está tomando el Gobierno del país suramericano.

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De hecho, apuntó que el Alto Comisionado remarcó que Uruguay es un ejemplo a nivel regional y mundial.

En concordancia con esto, Albertoni destacó como «una buena noticia» que su país sea reconocido por Acnur en un contexto regional en el que hay un importante flujo migratorio y recordó que las políticas migratorias siempre tienden a ser un desafío.

«Ante un mundo en guerra, un mundo en crisis y también una región que está teniendo desafíos muy grandes en términos políticos por lo que está sucediendo en Venezuela, es una buena noticia», afirmó sobre el reconocimiento y el apoyo que Uruguay recibirá.

Mediante el acuerdo concretado, el país suramericano recibirá cerca de dos millones de dólares de apoyo para la implementación de los programas de Residencia por Arraigo y de Reconocimiento Prima Facie de la Condición de Refugiado.

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El pasado 24 de junio, durante un evento enmarcado en el Día Mundial del Refugiado, Karmen Sakhr, representante regional de Acnur para el sur de América Latina, dijo en Montevideo que el mundo se encontraba atravesando tiempos difíciles y que el sistema de asilo estaba amenazado.

Inmediatamente, remarcó: «Cuando tenemos todas estas noticias, llega Uruguay con estas dos decisiones muy valientes y muy grandes».

El programa de Residencia por Arraigo creado por Uruguay permite regularizar la situación de más de 20.000 migrantes -la mayoría nacidos en Cuba- que pueden tramitar la residencia.

Por otro lado, Uruguay aprobó un mecanismo de aprobación acelerada para aquellos casos que lo ameriten por parte de los venezolanos que solicitan refugio, que son unos 3.500, según datos del Gobierno.

Con información de EFE

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