Tirana Hassan lleva más de dos décadas trabajando por la protección de los derechos humanos alrededor del mundo. Lo hizo desde organizaciones como Médicos sin Fronteras y Save the Children, y hoy como directora ejecutiva de Human Rights Watch (HRW), una de las principales organizaciones internacionales de derechos humanos.
Tras una visita de varios días a Colombia, para conocer de primera mano la situación en el Darién, Hassan habló con El Tiempo sobre las crisis de derechos humanos en la región y el mundo, los esfuerzos necesarios de la comunidad internacional para atenderlas, la necesidad de acelera la investigación de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre Venezuela, entre otros temas.
Aunque reconoce que el mundo enfrenta graves crisis de derechos, también ve con esperanza el futuro y asegura que el planeta tiene las herramientas para salir adelante.
—¿Estamos en un momento peligroso para los derechos humanos en Latinoamérica y el mundo?
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—En el mundo vemos graves crisis de derechos humanos y conflictos armados prácticamente en todas las regiones. En Latinoamérica tres países ya no son democracias: Nicaragua, Venezuela y Cuba, y vemos un ascenso de gobiernos autoritarios en El Salvador, Perú y México. Tenemos serias preocupaciones sobre cómo estos gobiernos están socavando la separación de poderes y otras instituciones que son fundamentales para que haya rendición de cuentas. Si no se controla a estos líderes, esto puede acabar en desastre. La otra preocupación en la región es el crimen organizado, que ha causado sufrimiento a las comunidades; y también veo una tendencia en Latinoamérica de políticas de seguridad de mano dura, que van en contradicción con los derechos humanos.
—Según el último índice de The Economist, 39,4% de la población global vive bajo regímenes autoritarios. ¿Cómo llegamos a esto y cómo solucionarlo?
—Los líderes autoritarios fingen que están actuando por la seguridad. (Nayib) Bukele es un ejemplo, lleva dos años de estado de excepción suspendiendo el debido proceso y las garantías judiciales, encarcelando arbitrariamente a 80.000 personas, incluyendo a 3.000 menores de edad. Los líderes autoritarios y antiderechos se excusan en que actúan por la seguridad y atacan a las instituciones judiciales, a la prensa, a los críticos, con lo cual consolidan su poder y se deshacen de sus controles. No se trata de seguridad, se trata de una grave erosión de los derechos humanos. Lo que se necesita es asegurarse de proteger a las instituciones encargadas de que estos líderes rindan cuentas. Si esto no puede hacerse dentro del país, corresponde a aliados en la región y en el mundo hacer presión, porque cuando hay violaciones de derechos humanos en un país, se termina afectando a toda la región. Esperamos que las democracias hagan que esos líderes rindan cuentas para garantizar que la erosión y violaciones de los derechos nunca se normalicen. La situación en El Salvador o en Venezuela no debe normalizarse.
Cada año Colombia registra cientos de asesinatos de líderes sociales, ¿qué tanto les preocupa esto?
—HRW está muy preocupada por el número de defensores de los derechos humanos que han sido asesinados en Colombia, creo que esto refleja la creciente inseguridad en todas las regiones. Los asesinatos de líderes sin que haya investigaciones ni procesos judiciales sólidos son una preocupación real; lo cual se agrava por un aumento del reclutamiento de niños, de los secuestros, de la violencia general en las zonas rurales y esto, en esencia, está llevando a que la vida sea aterradora para la población civil en zonas básicamente controladas por bandas criminales y grupos en conflicto.
—El Gobierno adelanta acercamientos de paz con diversos grupos ilegales, ¿en esos escenarios cuál es el rol del Estado frente a la protección de las comunidades?
—Hay que reconocer que este es un gobierno en el que hemos visto una disminución de los abusos por parte de la Fuerza Pública, ha habido algunos cambios, pero nos preocupa la falta de acción y de coordinación para enfrentar efectivamente el crimen organizado. Los gobiernos tienen la obligación de proteger a sus ciudadanos del crimen organizado y de los grupos armados y hemos visto que la situación está empeorando bajo este Gobierno y estas fallas en materia de derechos humanos en Colombia no son necesariamente por acciones del Gobierno, sino más bien por su omisión.
—En Colombia y México ha habido críticas a los presidentes por comentarios o propuestas que parecen afectar la separación de poderes, ¿qué decir sobre esto?
—En México se aprobó una reforma constitucional que hará que 1.500 jueces federales sean destituidos y luego elegidos por votación popular en 2025 y 2027, esto da lugar a corrupción en el sistema judicial y este cambio constitucional en particular se impuso a la fuerza, la legislación se aprobó en apenas 12 días. Nos preocupa mucho que es un cambio estructural que pondrá en peligro la independencia del poder judicial y afectará aún más la capacidad de los mexicanos de buscar justicia a través del sistema judicial, porque hay que recordar que solo el 2 por ciento de los casos llegan a manos de un juez en México.
Amplié la información en El Nacional
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