Una comisión técnica de la Corte Penal Internacional (CPI) se encuentra en el país desde hace al menos 10 días, según confirmaron a El Pitazo diferentes fuentes que destacaron que los funcionarios prestan asistencia penal al sistema de justicia venezolano. Hace unos días visitaron la cárcel de Tocorón, donde se entrevistaron con familiares de detenidos por las protestas poselectorales.
Los enviados verifican si las autoridades penales venezolanas cumplieron con procesos transparentes en la detención de 1.976 personas acusadas por terrorismo e incitación al odio luego de la elección presidencial del 28 de julio. Se conoció que poseen acceso a los expedientes del Ministerio Público referentes a las aprehensiones.
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Una de las fuentes consultadas indicó que la reciente solicitud de Nicolás Maduro al Ministerio Público para que verificara si existe algún detenido por error, podría deberse a la presencia de la CPI en el país.
“Si alguna instancia internacional tiene una repercusión importante en el Gobierno es la CPI. Ya vemos qué pasa con los informes del alto comisionado o con la Misión de la ONU, que no la quieren para nada, pero con la CPI es distinto, tan distinto que permitieron su acceso a los expedientes, tribunales y algunos centros de privativa de libertad”, destacó el entrevistado, que pidió protección a su identidad.
Otra de las fuentes que confirmó la presencia de esta comisión destacó que no se puede esperar un informe público de esta inspección, ya que se trata de una visita distinta de la investigación que hace la CPI en Venezuela por crímenes de lesa humanidad.
“La CPI no abrirá una investigación por los hechos electorales, pero sí está verificando si se siguen replicando todos aquellos procesos denunciados ante este organismo que no garantizan justicia. Ya se darán cuenta de que en Venezuela no han hecho nada para revertir lo que dio pie a la investigación de la CPI sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad”, precisó la fuente haciendo referencia al proceso ordenado por el fiscal Karim Khan en noviembre de 2021.
La referida investigación se inició tras la publicación de un informe en diciembre de 2020 por la Oficina de la Fiscalía de la Corte, en el que se declaró que tenían fundamentos razonables para creer que, al menos desde 2017, autoridades civiles y miembros de la Fuerza Armada cometieron crímenes de lesa humanidad.
Con información El Pitazo
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