La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió en una resolución ampliar las medidas cautelares a favor de 10 miembros del Foro Penal y ratificarlas para otros cuatro, todos víctimas -aseguró- de intimidación y hostigamiento por parte de agentes estatales, y pidió al Estado venezolano garantizarles el derecho a la vida.
La instancia de la Organización de Estados Americanos (OEA) explicó que las personas beneficiarias brindan asistencia jurídica y proveen defensa privada a personas detenidas; Sin embargo, el Estado les ha negado la posibilidad al solo permitir la defensa pública en el caso de los arrestados en el marco de las protestas vinculadas a las elecciones presidenciales del 28 de julio.
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En este marco, de acuerdo con la resolución, los miembros del Foro Penal “han enfrentado intimidación y hostigamiento de agentes estatales, reteniéndoles por largos períodos, amenazándoles con detención o abriéndoles procesos por documentar los hechos”.
Los 10 integrantes de la organización no gubernamental amparados con la ampliación de las medidas cautelares son Kennedy Tejeda (detenido en Carabobo cuando acudió a una sede policial a solicitar información sobre un aprehendido), Mayela Fonseca, Lucía Quintero, Pedro Arévalo, Arelys Ayala, Wiecza Santos Matiz, Laura Valbuena, Raquel Sánchez Carrero, Franyer Jose Hernandez Valladares y Marbella Gutiérrez.
Además, la CIDH ratificó las medidas cautelares a favor de Alfredo Romero, Gonzalo Himiob Santomé, Luis Betancourt y Olnar Ortiz, miembros principales del Foro Penal.
Proteger los derechos a la vida e integridad personal
En la resolución, la instancia de la OEA pidió al Estado venezolano adoptar medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de los integrantes del Foro Penal y que se garantice que puedan llevar a cabo sus actividades de defensa de derechos humanos sin ser objeto de amenazas, hostigamientos o actos de violencia.
En particular, solicitó que informe sobre las circunstancias de detención de Kennedy Tejeda, incluyendo su situación jurídica actual y permitiendo que sus familiares y representantes legales de su confianza tengan comunicación con él.
Pidió al Estado informar sobre la existencia de algún proceso de investigación en contra de las personas beneficiadas con medidas cautelares.
Además, exigió que se informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los hechos alegados que dieron lugar a la adopción de las medidas cautelares y evitar así su repetición.
Con información de EFE
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