Se difundió la Gaceta Oficial Extraordinaria n° 6.855, donde se publica la «Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales y Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro», calificada como un «ataque» a la sociedad civil y la libertad de asociación en el país.
Dicha Ley, que consta de 39 artículos, tres disposiciones transitorias y una derogatoria, fue aprobada el pasado 15 de agosto por la Asamblea Nacional y promulgada un mes más tarde por Nicolás Maduro, pero su publicación en Gaceta se oficializó el pasado 15 de noviembre.
Desde entonces, según consta en la misma normativa, empezaron a correr los tiempos para la creación de un registro nacional de oenegés y organizaciones sin fines de lucro, que estará a cargo del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz manejado por Diosdado Cabello, uno de los principales impulsores de este instrumento.
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La nueva regulación impone requisitos adicionales para el funcionamiento y creación de oenegés y otras entidades sin fines de lucro, cuyo incumplimiento queda sujeto a fuertes sanciones, incluso su disolución de oficio.
A las organizaciones, que deberán entregar anualmente sus libros y registros, además de informar periódicamente el financiamiento o donaciones que reciben, se les prohíbe «recibir aportes económicos destinados a organizaciones con fines políticos o realizar aportes» a los partidos; la «promoción del fascismo» o incitación al odio o «cualquier otro acto prohibido en el ordenamiento jurídico».
Diversas organizaciones nacionales e internacionales solicitaron al parlamento venezolano abstenerse de aprobar esta ley, debido a las restricciones que plantea a la libertad de asociación y al trabajo de las oenegés en el terreno. Mientras que el Alto Comisionado Volker Türk señaló que la adopción de este tipo de leyes en el país «socavan el espacio cívico y democrático».
El abogado chileno Francisco Cox, uno de los expertos de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela, afirmó que «la regulación impondría a las ONG, existentes y en proceso de formación, un conjunto de requisitos formales tan onerosos que le otorgaría al Estado una potestad cuasi permanente de suprimirlas».
Además de las restricciones contra la libertad de expresión y asociación, llamaron la atención sobre las atribuciones que se le confieren al Ejecutivo Nacional, especialmente la facultad de implementar mecanismos de control que permitan supervisar y sancionar las «desviaciones de los sujetos que comprometan la soberanía nacional» (artículo 13).
«Esto expone a las organizaciones a una vigilancia permanente incluso a través de un posible control policial o de inteligencia», afirmó la Misión, que estima que, de esa forma, las organizaciones que recurren a instancias internacionales de derechos humanos o que reciben financiamiento extranjero podrían verse expuestas a sanciones por supuestamente comprometer la soberanía nacional.
También señalaron que, sin acceso a los fondos de la cooperación internacional, muchas de estas organizaciones inevitablemente van a desaparecer.
Con información Tal Cual
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