En la malograda Venezuela se mantienen las condiciones generales que llevaron en el peor momento de este derrumbe histórico a que organismos de la ONU declararan una crisis humanitaria compleja.
Esa bandera roja movió a varios gobiernos del mundo, a organismos multilaterales, a ONG internacionales y locales a emprender una respuesta colectiva y más o menos coordinada para atender a las personas en necesidades más críticas dentro del país. También, para ayudar a esos miles que cada año salen a buscar otros destinos para reconstruir sus vidas, los migrantes y refugiados.
Por Omar Lugo en The Objective
Y ¿quién ha sido el principal y más cumplidor donante de fondos para atender esta respuesta humanitaria? Nada menos que Estados Unidos, a través de su agencia de cooperación USAID, la misma que acaba de ser detonada desde sus cimientos por el inefable Donald Trump.
El gobierno de Nicolás Maduro le ha dado patadas a los perros atropellados y, coincidiendo con Trump, ha desplegado una campaña de desinformación según la cual USAID le entregó miles de millones de dólares a la oposición venezolana para derrocar a la valiosa revolución chavista. La propaganda oficial, con la implacable hegemonía sobre todos los medios de comunicación, dice que los dirigentes de la oposición se agarraron esos reales y se hicieron millonarios.
En un mundo tan ocupado con otras prioridades, el asunto Venezuela tiene a volverse paisaje y se hará cada vez más difícil conseguir, ya no diremos la atención, sino los fondos para ayudar a las personas de este país extraviado.
La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) para Venezuela calculaba que para esta repuesta en 2024 se necesitarían 617 millones de dólares, pero hasta el 27 de septiembre se consiguieron solamente 126 millones (el 17% de las necesidades).
Entre enero y agosto, este programa masivo que involucra a varias organizaciones y grupos había atendido a 1,8 millones de personas (59% mujeres).
La atención a la crisis de los venezolanos también tiene otro grado de respuesta a través de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes (R4V) presente en 17 países americanos a donde se ha ido la mayor parte de la diáspora en estos años.
Esta red está formada por agencias de la ONU, muchas ONG y organizaciones religiosas. Para los diversos programas que incluyen desde alimentación y alojamiento, hasta integración, salud y transporte se necesitaban 1.590 millones de dólares, pero solo se consiguieron 487 millones, el 30,7% del total, según los últimos informes de R4V. De ese total, el gobierno de Estados Unidos desde USAID y del propio Departamento de Estado, aportó 438 millones, canalizados a través de agencias de la ONU y de ONG internacionales, según los reportes de R4V.
Estas cifras se corroboran con informes del propio USAID que dan cuenta de 624,9 millones de dólares en la región para el Plan de Respuesta Humanitaria, incluyendo 155 millones dentro de Venezuela en el año fiscal 2024 (terminado el 30 de septiembre y comenzado en octubre de 2023).
Irónicamente, el propio gobierno de EEUU, declarado por el chavismo principal enemigo de Venezuela, es el principal donante que ayuda a enfrentar una histórica crisis social y humanitaria.
El chavismo, tras 26 años en el poder, afirma descaradamente que el único causante de esta crisis es el propio Estados Unidos.
Entre los años fiscales 2017 y 2024, el Departamento de Estado y USAID canalizaron en total 3.531 millones de dólares para atender esta emergencia humanitaria regional. El dinero de los contribuyentes de Estados Unidos en Venezuela es canalizado a través de aliados locales para asistencia alimentaria, en salud, saneamiento y educación dentro de Venezuela y para atender a migrantes esparcidos por el continente en iniciativas diversas para tratar de aliviarles la travesía y la llegada.
Es decir, el 90% de la asistencia humanitaria a migrantes y refugiados venezolanos dependía de los Estados Unidos, y ahora todo se acabó sorpresivamente.
El resto de los 42 donantes se hicieron los locos y ni siquiera cumplieron con lo prometido. Como referencia, la Comisión Europea aportó solo 15 millones de dólares y el gobierno de España el 0,7%.
La mayor parte de los fondos estuvieron encaminados a través de organizaciones de asistencia a venezolanos en Colombia, Ecuador, Perú y Brasil, los países que más han recibido esta avalancha migratoria.
El plan de respuesta regional había logrado atender en 2024 a 1,6 millones de personas, el 55% de la población meta que era de 2,93 millones. Ahora que no cuenta con su principal donante, es previsible lo que ocurrirá con estos sanos propósitos y con toda esa gente necesitada.
UNICEF, una de las más persistentes organizaciones en esta lucha diaria, reporta que en Venezuela 3,8 millones de niños necesitan ayuda humanitaria. En 2024 lograron llegar de alguna forma en algún momento a 1,43 millones.
Pero, ya antes de que llegara el huracán Trump UNICEF advertía que la reducción de fondos ponía en peligro su capacidad de garantizar la continuidad de servicios cruciales, lo que podría hacer retroceder los progresos de años recientes, incluyendo los alcanzados en cuidados de emergencia neonatal, salud y tratamientos a niños menores de cinco años.
En 2024 el costo promedio de la canasta básica de consumo fue de 663 dólares, equivalente a seis veces el llamado salario integral (que incluye bonos) y a 270 veces el salario mínimo, reseña un informe de UNICEF. «Estas variables impactan directamente a las familias más vulnerables, afectando el bienestar de niños y adolescentes», resume poniendo en un mismo párrafo la crisis económica y la necesidad de ayuda humanitaria que sigue muy viva.
Y en Venezuela nada se arregló
Cualquiera que visite un supermercado en este desigual país, o que converse con un venezolano común en la calle, sabe que es una mentira deslavada eso de que la economía se arregló y en medio de la paz chavista lo que espera les espera a todos es un futuro luminoso de la mano del socialismo del siglo 21 y su «democracia popular» en marcha redoblada.
Las cosas por aquí siguen endemoniadamente mal. Hubo en efecto una ligera recuperación de la economía que se reflejó en un crecimiento de entre 4% y 6% del PIB (según la fuente en 2024) y la inflación dio una tregua para ubicarse (según cifras extraoficiales) en 85%, nada mal para un país que viene de sufrir una de las pocas hiperinflaciones de la era moderna, que después devino otra vez en inflación galopante de 190% en 2023, según el Banco Central.
Claro, para un enfermo en cama que acaba de salir del coma cualquier movimiento de los dedos es un éxito, pero eso no significa que ya esté en capacidad de trepar paredes. Y ese ha sido el error de apreciación de los optimistas de oficio que no ven el todo sino algunas partes.
Por ejemplo, algunos celebran como una evidencia incontestable de esa supuesta recuperación el que Telefónica de España acaba de anunciar que invertirá $500 millones en dos años su plan de telecomunicaciones en Venezuela, después de haberle pagado $37 millones al gobierno de Maduro en la subasta de una nueva frecuencia en 4 G y 5G.
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Pero esa recuperación nunca ha sido sostenible porque los problemas estructurales del país se mantienen incólumes: un colapso general en los servicios públicos, crisis energética con escasez de gasolina, gas natural, diésel, electricidad y agua; cerrado acceso a los mercados financieros internacionales y sanciones económicas punitivas de varios países.
Aquí, el salario formal es de 2,5 dólares mensuales en el sector público, y llega a 130 dólares con unos bonos sin incidencia en prestaciones sociales. El mercado interno de consumo es limitado y muy excluyente y desigual; el sistema de previsión social está quebrado; el gobierno no tiene dinero para invertir en infraestructura y servicios y se desquita apretando los tornillos de una carga tributaria del 60% sobre los ingresos de las empresas.
Mientras, la ola migratoria no se detiene, llevándose consigo a buena parte de la mano de obra más capacitada para sacar un día a este país del foso histórico.
Desde el cuarto semestre, y con los coletazos de la crisis política post electoral naufragó una frágil política de anclaje cambiario que había mantenido represados los precios, de modo que en los últimos cuatro meses el malogrado bolívar acumula una devaluación del 60%, cuyos efectos aguas abajo apenas están comenzando.
Por otra parte, el petróleo es la sangre de esta economía y un tercio de la producción total del país está en manos de trasnacionales como Chevron, Repsol, ENI y Maurell and Prom, que son socias de Petróleos de Venezuela y trabajan sujetas unas licencias del gobierno de Estados Unidos en el marco de las sanciones contra el chavismo, en represalia por sus atentados contra la democracia y los derechos humanos. La crisis humanitaria acaso apenas está comenzando en unA nueva temporada.
Por Omar Lugo
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