Una jueza estadounidense consideró ayer que «los nazis recibieron mejor trato» que los venezolanos expulsados a El Salvador cuando se les aplicó la ley de enemigos extranjeros durante la Segunda Guerra Mundial.
El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump envió dos aviones con migrantes venezolanos a una megacárcel de El Salvador el 15 de marzo tras invocar esa ley de 1798, usada hasta ahora en tiempos de guerra.
Washington los considera miembros del Tren de Aragua, grupo al que declaró «organización terrorista» global. No aportó pruebas.
El 15 de marzo, James Boasberg, juez de una corte de distrito de Washington, suspendió temporalmente las deportaciones llevadas a cabo en nombre de la ley del siglo XVIII.
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La administración recurrió y un panel de tres jueces de la corte de apelaciones escuchó este lunes los alegatos.
El abogado del Departamento de Justicia, Drew Ensign, dijo que la orden del juez «representa una intrusión sin precedentes y enorme en los poderes del brazo ejecutivo» e impide a Trump ejercer «sus poderes en materia de guerra y asuntos exteriores».
Un argumento que a la jueza Patricia Millett no le pareció muy convincente. En su opinión el juez de primera instancia no pone en duda la autoridad presidencial sino que pide que los deportados puedan defender sus casos ante un tribunal.
Los abogados de varios de los venezolanos deportados aseguran que sus clientes no son miembros del Tren de Aragua, ni han cometido crimen alguno. Según su versión los han tomado como blanco por sus tatuajes.
«Los nazis recibieron mejor trato bajo la ley de enemigos extranjeros» porque tuvieron derecho a «audiencias» antes de ser deportados, sostuvo Millett, nombrada por el expresidente demócrata Barack Obama.
«La gente en esos aviones ese sábado no tuvo la oportunidad de impugnar su remoción», protestó.
El juez Justin Walker, designado por Trump, también sugirió la conveniencia de vistas judiciales, pero pareció receptivo a los argumentos de que la suspensión infringe los poderes presidenciales.
El tercer juez del panel fue nombrado por el expresidente republicano George H.W. Bush.
Mañas
Lee Gelernt, un abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), autora de una demanda contra las deportaciones, estimó en la corte de apelaciones que la administración usa la ley de 1798 «para intentar eludir los procedimientos migratorios».
Sin la suspensión temporal, el gobierno probablemente reanudaría de inmediato las deportaciones en nombre de esta ley, estimó.
«Estamos hablando de personas que son enviadas a El Salvador, a una de las peores prisiones del mundo, incomunicadas», alertó ACLU.
Este lunes, antes del comienzo de la vista, el Departamento de Justicia anunció que prepara una expulsión a Chile de tres venezolanos en virtud de la ley de 1798.
Con información de El Economista
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