El gobierno de Donald Trump ha desatado una nueva ofensiva en su prolongada batalla contra la inmigración irregular, publicando este jueves una lista de más de 500 jurisdicciones a lo largo y ancho del país que, según la Casa Blanca, están «obstruyendo» su política migratoria. La medida busca intensificar la presión sobre los llamados «ciudades santuario,» reviviendo un conflicto central en la agenda del magnate republicano.
La lista, difundida por el Departamento de Seguridad Interior (DHS), señala a estados, ciudades y condados que, a juicio de la administración, «obstaculizan deliberada y vergonzosamente la aplicación de las leyes federales de inmigración.» Entre las ciudades nombradas figuran San Francisco, San Diego, Las Vegas, Nueva York, Santa Fe y Filadelfia, entre un largo etcétera.
Este movimiento no es nuevo para Trump, quien durante su primer mandato (2017-2021) ya intentó recortar la financiación federal a estas jurisdicciones, llevando la disputa hasta la Corte Suprema. Su campaña presidencial de 2024 ha reiterado su compromiso con una postura dura en materia migratoria, prometiendo combatir lo que describe como una «invasión» de migrantes y expulsar a aquellos que hayan ingresado sin visa.
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El decreto presidencial del 28 de abril ya había sentado las bases para esta acción, anunciando la publicación de una lista de «estados y jurisdicciones locales que obstruyen la aplicación de las leyes federales de inmigración.» El documento no se anduvo con rodeos, calificando estas políticas locales como una «insurrección sin ley contra la supremacía de la ley federal y la obligación del gobierno federal de defender la soberanía territorial de Estados Unidos.»
Kristi Noem, jefa del DHS, fue contundente en un comunicado, acusando a los «políticos de las ‘ciudades santuario'» de «poner en peligro a los estadounidenses y a nuestras fuerzas del orden para proteger a delincuentes extranjeros ilegales violentos.» El DHS ha exigido a estas jurisdicciones que «revisen y modifiquen de inmediato sus políticas,» advirtiendo sobre la posible pérdida de financiación federal en caso de incumplimiento.
No obstante, expertos legales han cuestionado la base de tales exigencias. Profesores como Benjamin Gonzalez O’Brien de la Universidad de San Diego y Loren Collingwood de la Universidad de Nuevo México, han argumentado que si bien el gobierno federal tiene «jurisdicción exclusiva sobre la inmigración,» no existe una obligación para los gobiernos estatales o locales de cooperar en la aplicación de la ley federal de inmigración, a menos que el Congreso así lo establezca.
La publicación de esta lista subraya la determinación de la administración Trump de intensificar la presión sobre las jurisdicciones que, según su visión, socavan la seguridad fronteriza y la aplicación de las leyes de inmigración. Este es un capítulo más en una saga que ha marcado la política estadounidense y que, al parecer, seguirá generando titulares en los próximos meses.
Con información de EFE
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