Una “prolífica” operación de contrabando de personas que facilitaba la entrada ilegal de cubanos a EEUU mediante la preparación de solicitudes falsas de visa y asilos fue desmantelada por las autoridades estadounidenses. Doce personas enfrentan cargos por su presunta participación en lo que las autoridades calificaron como una conspiración internacional relacionada con el tráfico de personas, fraude de asilo y esquemas de lavado de dinero que supuestamente introdujeron a miles de extranjeros ilegalmente a EEUU con fines de lucro. El caso lo anunció la fiscal general de EEUU, Pamela Bondi, en Tampa con el fiscal general adjunto interino Matthew R. Galeotti, de la división penal del Departamento de Justicia, el fiscal federal Gregory W. Kehoe para el Distrito Medio de Florida, el director interino Todd M. Lyons de ICE, Jeffrey J. Dinise, jefe del Sector Miami de CBP y el director del USCIS, Joseph Edlow.
Por El Nuevo Herald
Las autoridades informaron que desde enero de 2021 hasta junio de 2025, los acusados supuestamente promocionaron servicios fraudulentos de visas en línea, alegando que los cubanos podían obtener la entrada a Estados Unidos mediante declaraciones falsas de ciudadanía europea. Presentaron cientos de solicitudes fraudulentas del Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA) ante la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, utilizando direcciones falsas y documentos falsificados.
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Promoción en redes sociales La operación de contrabando (ASO, por su siglas en inglés) promocionó sus servicios en redes sociales y plataformas de mensajería cifrada, incluyendo un grupo de WhatsApp titulado “Trámite de esta y visa de turismo a EEUU para ciudadanos españoles”, revelaron las autoridades.
Un video promocional publicitaba la estafa mostrando varios pasaportes, billetes de avión y aprobaciones de visas. Lo que comenzó como una pequeña operación se convirtió en una empresa comercial. Los acusados cobraban a sus clientes entre $1,500 y $40,000, a veces incluso alquilando aviones privados para trasladar a grupos de extranjeros.
Los registros muestran que gastaron más de $2.5 millones solo en vuelos y canalizaron más de $7 millones a través de aplicaciones de pago como Zelle. Según un análisis financiero realizado a 27 cuentas conocidas asociadas con los acusados y sus cómplices, la organización de tráfico de inmigrantes obtuvo más de $18 millones durante la conspiración, precisó el Departamento de Justicia.
La ASO también traficaba con menores no acompañados. En un caso, a una adolescente se le pidió que se hiciera pasar por la amiga de toda la vida de un hombre adulto no emparentado al cruzar la frontera, destacó. Los acusados presuntamente operaban una empresa de inmigración falsa, Asesoría y Servicios Migratorios LLC, que prometía solicitudes de asilo, permisos de trabajo y residencia. En realidad, la empresa producía solicitudes de asilo prefabricadas sin el conocimiento ni el consentimiento de los clientes e incluso les impedía acceder a sus propias cuentas en línea del USCIS. La empresa se promocionaba en Instagram con anuncios llamativos de servicios de inmigración, a la vez que publicaba videos de extranjeros siendo introducidos ilegalmente al país. Acusados y cargos El Departamento de Justicia informó que presentaron cargos contra Lázaro Alain Cabrera-Rodríguez, 27 años, que reside ilegalmente en Hialeah; Yuniel Lima Santos, 30 años, de Tampa; Liannys Yaiselys Vega-Pérez, 26 años, que reside ilegalmente en Lebanon, Tennessee; Marianny Lucía López-Torres, 25 años, residente en Cuba que antes vivía en Hialeah; Frandy Aragón-Díaz, 33 años, de Cuba y anteriormente residía ilegalmente en Tampa; y Erik Ventura-Castro, 23 años, residente en Hialeah.
También están acusados en el caso Miguel Alejandro Martínez Vasconcelos, 30 años, de Tampa; Walbis Pozo-Dutel, 30 años, residente en Katy, Texas; Emanuel Martínez González, 28 años, que reside ilegalmente en Hialeah; Luis Emmanuel Escalona-Marrero, 31 años, de Tampa; Layra Libertad Treto Santos, 31, de Tampa; y Gisleivy Peralta Consuegra, 40 años, de Tampa. Todos los acusados, excepto Peralta Consuegra, están acusados de conspiración para cometer contrabando de extranjeros con fines de lucro.
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