La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó permiso para hacer una visita a Venezuela el último trimestre del año con el fin de constatar la situación de derechos humanos en el país.
La CIDH indicó en un comunicado que la visita también tiene la finalidad de revisar “las condiciones de las personas privadas de libertad en el Centro de Procesados y Penados Área Metropolitana de Caracas I”, mejor conocido como El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
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El órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) señaló que las instituciones encargadas de promover y proteger la democracia y los derechos humanos en Venezuela carecen de independencia.
Agregó que operan como “instrumentos de represión estatal para asegurar la permanencia de un régimen autoritario”.
“Por ello, la Comisión reafirma su indeclinable compromiso con las víctimas de violaciones de derechos humanos y con el pueblo venezolano en su esfuerzo por recuperar la democracia y el Estado de derecho”, señaló.
La solicitud de la CIDH se da luego de que el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela (VV), liderado por la opositora María Corina Machado, denunció el traslado sin previo aviso de presos políticos de El Helicoide a centros penitenciarios comunes, entre ellos la cárcel de Yare II, en el estado Miranda.
La formación política indicó que los familiares están desesperados, pues desconocen el paradero de sus seres queridos.
El Foro Penal y el Instituto Casla también han denunciado traslados irregulares en las últimas semanas y advierten que estos se efectúan sin notificar a familiares ni abogados, lo cual vulnera derechos fundamentales.
Alfredo Romero, director de Foro Penal, alertó que esa práctica agrava la situación de indefensión de los presos políticos.
En Venezuela hay 823 personas detenidas por razones políticas, 100 de las cuales son mujeres, de acuerdo con la organización. A pesar de esto, Nicolás Maduro y el fiscal general, Tarek William Saab, niegan que en el país haya presos políticos, algo que rechazan ONG y dirigentes opositores.
Con información de El Nacional
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