El gobierno de Donald Trump solicitó a la Corte Suprema que ponga fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 300 mil venezolanos en Estados Unidos.
El Departamento de Justicia pidió al tribunal anular el fallo de un juez federal en San Francisco, quien determinó que la administración actuó de manera indebida al cancelar estas protecciones. En la solicitud, las autoridades sostienen que permitir que los venezolanos permanezcan en el país resulta “contrario al interés nacional”.
Recientemente, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito ya rechazó suspender la medida del juez Edward Chen mientras el caso continúa su curso. Esto, dando una holgura hasta octubre 2026 para que los venezolanos no perdieran su status, que, de ser cancelado, los dejaría en riesgo de ser deportados.
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No es la primera vez que el máximo tribunal aborda este asunto. En mayo, la Corte Suprema respaldó, sin ofrecer explicaciones, la decisión de Trump de retirar el TPS a 350 mil venezolanos cuyo amparo expiraba en abril.
El procurador general John Sauer, quien redactó la nueva solicitud, pidió a los magistrados aplicar el mismo criterio de meses atrás.
“Este caso es familiar para la Corte y trata sobre el fenómeno, cada vez más común e insostenible, de que tribunales inferiores ignoren las órdenes de esta Corte en el expediente de emergencia. Hace apenas cuatro meses, esta Corte (con solo un juez manifestando su desacuerdo) suspendió la orden del tribunal de distrito que concedía una medida cautelar que posponía indefinidamente las determinaciones de la secretaria de Seguridad Nacional respecto a la designación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Venezuela”, dice el escrito.
Y añade: “El resultado: esta nueva orden, así como la anterior, frenó la anulación y terminación del TPS afectando a más de 300 mil extranjeros basados en teorías legales sin mérito”.
Asegura que el fallo del juez Chen debió resolverse como un “caso sencillo” y acusa a los tribunales inferiores de bloquear nuevamente la aplicación de políticas migratorias clave, lo que podría anular de facto las decisiones de la secretaria de Seguridad Nacional si la Corte Suprema no interviene.
El TPS permite a sus beneficiarios vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos y los protege de la deportación. La designación y renovación de este estatus depende de la secretaria de Seguridad Nacional y se basa en las condiciones del país de origen, como conflictos armados, desastres naturales o crisis que pongan en riesgo la vida de los ciudadanos.
En su fallo, el juez Chen defendió la continuidad del programa y acusó al Departamento de Seguridad Nacional, bajo la dirección de Kristi Noem, de actuar con un “odio sin precedentes”.
Con información de EFE
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