El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) de Venezuela ha lanzado una severa advertencia sobre el estado crítico del acceso a la información pública en la nación.
La organización no gubernamental subraya que, a pesar de los constantes llamados a la transparencia, la tendencia estatal de ocultar o retrasar la entrega de datos oficiales y esenciales persiste, constituyendo una grave deuda informativa con la ciudadanía.
Opacidad en cifras vitales
El monitoreo de IPYS revela que la «opacidad» del Estado venezolano se concentra en áreas cruciales para la vida diaria y la toma de decisiones informadas.
La información oficial y las estadísticas sobre áreas tan sensibles como la salud pública, la economía nacional (inflación, PIB, reservas) y la gestión de los servicios básicos (electricidad, agua, combustible) permanecen inaccesibles o se divulgan con una periodicidad nula o inconsistente.
Esta estrategia de silencio administrativo no es un mero problema burocrático, sino una violación directa al derecho que tienen los ciudadanos de conocer cómo se administran los recursos y cómo se están abordando las crisis que afectan al país.
La falta de divulgación oficial impide que la sociedad civil, los académicos, los periodistas y los organismos internacionales puedan realizar una evaluación seria y rigurosa de las políticas públicas y sus resultados.
Impacto directo en la democracia y el periodismo
La restricción al acceso a la información tiene consecuencias corrosivas sobre la rendición de cuentas y el sistema democrático.
Al no existir cifras oficiales confiables sobre la salud (mortalidad infantil, cifras de vacunación) o la economía (deuda pública), se genera un vacío informativo que es llenado por la especulación o por datos de terceros, a menudo incompletos o descontextualizados.
IPYS insiste en que para garantizar la transparencia es indispensable que las instituciones públicas venezolanas restablezcan un flujo informativo constante, oportuno y veraz. Esto no es solo una recomendación, sino un mandato derivado de los estándares internacionales de derechos humanos.
La sociedad necesita urgentemente que el Estado salde su deuda informativa y permita el debate público basado en hechos. Es vital que los ciudadanos puedan conocer la realidad de su nación para participar activamente en la búsqueda de soluciones.
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