Una cifra que enciende las alarmas en América Latina: más de 400.000 venezolanos se encuentran actualmente en una situación de limbo migratorio en Colombia. Este estatus irregular los expone a una profunda vulnerabilidad social, económica y legal, complicando su acceso a servicios esenciales y al mercado laboral formal en el país que más ha acogido al éxodo venezolano.
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Según estimaciones recientes de la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), liderada por ACNUR y OIM, si bien Colombia ha avanzado significativamente en la regularización masiva de esta población —especialmente a través del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV) y el Permiso por Protección Temporal (PPT) —, aún queda un segmento considerable que no ha logrado asegurar su estatus legal.
Las cifras oficiales indican que, a septiembre de 2024, la población venezolana en Colombia con estatus irregular superaba las 457.000 personas. Esta vasta comunidad se encuentra al margen de los beneficios del ETPV, lo que perpetúa la inestabilidad y el riesgo de explotación laboral o social.
Barreras y desafíos en el proceso de regularización
El proceso de regularización en Colombia, aunque ambicioso y pionero en la región, enfrenta diversos retos. La complejidad de los trámites, la necesidad de acceder a documentación original —a menudo difícil de obtener para quienes abandonaron su país con urgencia— y las limitaciones logísticas de Migración Colombia para procesar la gigantesca demanda, contribuyen a que cientos de miles de personas sigan varadas en este limbo.
Para esta población irregular, la obtención de un PPT es crucial. Este documento no solo les permite trabajar y estudiar legalmente, sino que también sirve como una vía para la eventual residencia permanente en Colombia. Sin embargo, la falta de este estatus limita su acceso a la salud, la educación y los servicios financieros, manteniéndolos en una economía informal donde sus derechos laborales son mínimos.
Expertos y organizaciones de la sociedad civil han señalado que la crisis del sistema de refugio, sumada a las dificultades para aplicar al ETPV, crea un escenario de desgaste para el migrante, dificultando la integración a largo plazo en la sociedad colombiana.
La comunidad internacional ha respondido con apoyo financiero, reconociendo el esfuerzo de Colombia como principal país de acogida. No obstante, las necesidades humanitarias y de integración de los cerca de 2.8 millones de venezolanos que residen en el país (entre regulares e irregulares) siguen siendo monumentales. La situación de los más de 400.000 venezolanos en la irregularidad exige una respuesta urgente y coordinada para evitar una crisis humanitaria y de seguridad que afecte a la región.
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