La Corte Constitucional de Ecuador ha propinado un duro golpe al gobierno de Daniel Noboa, anulando parcialmente el Estado de Excepción que había sido decretado como respuesta a las crecientes protestas indígenas contra la eliminación del subsidio al diésel.
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En una decisión que limita significativamente el poder ejecutivo, el alto tribunal declaró inconstitucional la medida en cinco de las siete provincias donde había sido impuesta, al no encontrar la “grave conmoción interna” que justificara la restricción de derechos.
La anulación afecta a provincias clave como Pichincha, Cotopaxi, Bolívar, Azuay y Santo Domingo de Tsáchilas. Sin embargo, la Corte sí validó la medida en las regiones de Carchi (fronteriza con Colombia) e Imbabura, esta última considerada el verdadero epicentro de las movilizaciones convocadas por la CONAIE.
En estas dos provincias, la Corte permitió la limitación del derecho a la libertad de reunión y el empleo de las Fuerzas Armadas, siempre en estricto apego al respeto de la protesta pacífica.
La Revocación del toque de queda (H2)
Quizás el revés más notable para el gobierno de Noboa fue el rechazo categórico al toque de queda que regía desde las 22:00 horas hasta las 05:00 horas. Esta medida, considerada por la Corte como desproporcionada, queda inmediatamente sin efecto a nivel nacional, abriendo un margen de maniobra adicional para los manifestantes.
El presidente Noboa había declarado el Estado de Excepción apenas días después de anunciar la controvertida eliminación del subsidio al diésel, una medida financieramente motivada para cumplir con acuerdos de ajuste fiscal, probablemente vinculados al Fondo Monetario Internacional (FMI). La anticipación de las protestas era clara, dada la historia de la CONAIE y su capacidad para paralizar el país.
CONAIE vs. Noboa: ¿Ceder o endurecer la posición?
La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), la organización social más grande del país, ha llamado a un paro nacional indefinido. La presión indígena ha demostrado ser históricamente efectiva, logrando que los expresidentes Lenín Moreno (2019) y Guillermo Lasso (2022) dieran marcha atrás en intentos similares de eliminar las subvenciones a los combustibles.
No obstante, Daniel Noboa ha mantenido una postura firme, declarando que no negociará esta vez. El argumento oficial es que el subsidio beneficia principalmente a contrabandistas y a la minería ilegal, y no a los segmentos más pobres de la población.
Mientras el pulso político y judicial se desarrolla, las protestas se han concentrado en Imbabura, con un saldo trágico: un fallecido, más de ochenta heridos y un centenar de detenidos, doce de ellos bajo imputaciones de “terrorismo” por parte de la Fiscalía.
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