Una rápida y decisiva acción de los funcionarios del Centro de Coordinación Policial Valencia Sur 2, adscritos a la Estación Policial Socorro Sur, logró contener un grave incidente de violencia protagonizado por dos adolescentes en el sector Chaguaramos 3, Parcelas del Socorro, en la parroquia Miguel Peña del estado Carabobo. La intervención no solo puso fin a la agresión, sino que, crucialmente, evitó la viralización masiva del material audiovisual del hecho en redes sociales, previniendo así una potencial ola de odio e incitación a la violencia entre la juventud.
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La alarma fue activada por el director del plantel educativo “Ernesto Che Guevara”, quien acudió personalmente a las autoridades para denunciar el altercado, que tuvo lugar en las inmediaciones del terminal de camionetas.
Este llamado oportuno permitió la activación inmediata de una comisión del cuadrante de paz C-21. Los funcionarios se movilizaron con celeridad, logrando ubicar a los implicados en el suceso y proceder a su aprehensión.
Detenidos y evidencia digital incautada
El procedimiento resultó en la detención de tres personas: dos adolescentes (cuyas identidades se mantienen protegidas según lo establece la ley) y una ciudadana adulta identificada como Katiusca Maribel Gómez Mujica, de 42 años. Los tres fueron trasladados a la Estación Policial para el inicio de las diligencias.
Como evidencia fundamental para la investigación, los efectivos policiales incautaron un teléfono móvil (marca Infix X6515 SMART7) que contenía el video del incidente.
La retención de este dispositivo fue clave para impedir la difusión del contenido violento, una práctica que a menudo exacerba conflictos y glorifica la agresión en entornos digitales. Esta medida preventiva se enmarca en los esfuerzos de las autoridades por combatir el uso de plataformas sociales para la promoción de actos ilícitos y de incitación al odio.
Atención médica y remisión a la fiscalía
Tras la aprehensión, los involucrados recibieron atención médica inmediata en el Ambulatorio El Socorro, con el fin de garantizar su integridad física y verificar su estado de salud, cumpliendo con los protocolos de derechos humanos.
Finalmente, el caso fue debidamente notificado al Ministerio Público (MP). Debido a la naturaleza del hecho, fue remitido tanto a la Fiscalía 26 de menores como a la Fiscalía 22 de delitos comunes, quienes se encargarán del desarrollo de las diligencias legales correspondientes y la determinación de las responsabilidades penales que apliquen en el caso.
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