En la tarde del pasado lunes festivo se registró un ataque armado contra dos activistas venezolanos en la localidad de Usaquén volvió a poner en evidencia las condiciones de seguridad y atención que enfrentan personas solicitantes de refugio en Colombia.
El Tiempo
Luis Alejandro Peche, analista político, y Yendri Velásquez, defensor de derechos humanos y activista LGBTIQ+, fueron atacados cuando salían de un conjunto residencial ubicado en la carrera 19 con calle 134, en el barrio Cedritos, en el norte de Bogotá.
Según los primeros reportes médicos, Velásquez fue intervenido quirúrgicamente tras recibir impactos de bala en el brazo. Se encuentra bajo custodia policial en un centro médico, donde se espera una segunda operación de carácter ortopédico.
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Peche, por su parte, recibió dos disparos en las piernas y continúa en evaluación médica para determinar si será necesaria una intervención quirúrgica. Las autoridades informaron que no se comprometieron órganos vitales.
La Policía estableció un perímetro de seguridad en el centro de salud en el que son atendidos los activistas. El ingreso está restringido y únicamente se permite el acceso a personal autorizado, entre ellos enlaces de Amnistía Internacional que acompañan el proceso.
Las hipótesis
Las primeras pruebas recolectadas apuntan a que en el caso actuaron tres sujetos y dentro del carro que fue abandonado en Suba, en el que se movilizaron los atacantes, se hallaron armas traumáticas modificadas.
También se determinó que los atacantes estaban en el mismo edificio en el que estaban las víctimas. «Las personas atacadas vivían en el apartamento 504 del mismo edificio y los presuntos autores residirían en el 204», añadió una fuente.
Las investigaciones preliminares plantean hipótesis diversas: Se menciona la posibilidad de que se trate de un mensaje de advertencia para silenciar a los activistas y también se baraja la posibilidad de que sea una presión para que las víctimas salgan del país.
“El caso no da indicios de que haya sido un ataque con el fin de asesinarlos, sino más bien de enviar un mensaje. Las armas empleadas no eran pistolas de fuego convencionales, sino armas traumáticas modificadas. El caso no corresponde al patrón habitual de sicariato”, señaló el informante.
La investigación, según la información disponible, mantiene abiertos varios frentes en los que se suman testimonios y registros audiovisuales para esclarecer el caso.
Cuestionamientos
El hecho ocurre en medio de cuestionamientos sobre la capacidad institucional para brindar protección a personas migrantes y solicitantes de refugio. Organizaciones sociales han advertido sobre el debilitamiento de los centros integrales de atención, la ausencia de una Gerencia de Fronteras activa y la falta de coordinación efectiva con Migración Colombia. Estos vacíos institucionales han sido señalados como factores que agravan la situación de quienes buscan protección internacional.
En redes sociales y espacios de incidencia, voceros de organizaciones humanitarias plantearon la necesidad de revisar las responsabilidades del Estado frente a la protección de líderes y defensores de derechos humanos en situación de refugio. Según sus pronunciamientos, la respuesta institucional ha sido limitada frente al incremento de riesgos para esta población.
Amnistía Internacional, a través de un comunicado, rechazó el ataque: “Condenamos en los términos más contundentes el atentado contra nuestro colega Yendri Velásquez en Bogotá. Las autoridades colombianas deben garantizar el pronto acceso a la protección internacional de las personas venezolanas, como Yendri, y exigimos la acción decidida del gobierno colombiano para poner fin a la inaceptable situación de desprotección de las personas defensoras en el país,” dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Y añadió: “La situación de vulnerabilidad y riesgo que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos en Colombia es un hecho público y notorio, que el movimiento de derechos humanos colombiano, así como personas defensoras venezolanas exiliadas en Colombia, han venido denunciando incansablemente. Asimismo, no se puede ignorar que, de los ocho millones de personas venezolanas que han huido de su país, casi tres están en Colombia. Reiteramos, una vez más, nuestro llamado a la acción decidida del gobierno colombiano para poner fin a esta situación inaceptable de riesgo y garantizar la protección de las personas defensoras, incluyendo a las venezolanas” añadió Piquer.
Lo propio hizo la Oficina del alto Comisionado para Derechos Humanos de la ONU en COlombia: “Condenamos el atentado con arma de fuego hoy en Bogotá que dejó heridos a los venezolanos Yendri Omar Velásquez, defensor de derechos humanos LGBTIQ+, y fundador del Observatorio de Violencias LGBTIQ+; y a Luis Alejandro Peche, consultor político, quien tiene también nacionalidad colombiana”.
“Urgimos a las autoridades colombianas brindar protección a los dos activistas. También llamamos a las autoridades pertinentes a investigar, juzgar y sancionar a los responsables del ataque, y a tomar todas las medidas necesarias para prevenir la violencia, en particular, contra personas defensoras. Damos seguimiento a este caso”, indicó la organización.
Por El Tiempo
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