El proceso judicial más polémico de la historia reciente de Colombia ha dado un giro trascendental. El Tribunal Superior de Bogotá ha revocado la condena en primera instancia contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) y lo ha absuelto de manera plena de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. La decisión, emitida este martes 21 de octubre, anula la sentencia previa de 12 años de prisión domiciliaria que se le había impuesto.
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El fallo del Tribunal de segunda instancia fue contundente al señalar deficiencias estructurales, errores metodológicos y falta de rigor en la sentencia inicial. El magistrado ponente, Manuel Antonio Merchán, argumentó que la jueza de primera instancia incurrió en errores de valoración, basando su decisión en apreciaciones subjetivas e inferencias que carecían de respaldo probatorio sólido.
En particular, el Tribunal cuestionó la falta de solidez en la demostración del dolo (intención criminal) en el delito de fraude procesal. Se indicó que no se pudo demostrar que la actuación del expresidente o de sus abogados tuviera un propósito defraudatorio, ni que existiera una falsedad documental consciente.
Respecto al delito de soborno en actuación penal, que incluía los casos relacionados con los exparamilitares Carlos Enrique Vélez y Eurídice Cortés Velasco, el Tribunal determinó que no se acreditó, directa o indirectamente, que Álvaro Uribe hubiera instigado o determinado el delito.
Este proceso se originó a partir de una investigación abierta por la Corte Suprema de Justicia por presunta manipulación de testigos para evitar ser relacionado con grupos paramilitares. Durante años, el caso ha polarizado el debate político y judicial en Colombia.
La decisión de absolución del Tribunal revoca la condena en su totalidad, dejando sin efecto la pena impuesta al exmandatario. No obstante, este fallo aún puede ser objeto de un recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia, lo que significa que el caso, aunque ha marcado un precedente histórico, aún no está completamente cerrado.
La noticia ha generado una oleada de reacciones en el país, con partidarios del expresidente celebrando el fallo como un triunfo de la justicia, mientras que la parte afectada y los sectores críticos analizan la posibilidad de llevar el caso a la máxima instancia judicial. La absolución de Uribe constituye un momento crucial en la vida política y judicial de Colombia, manteniendo vivo el debate sobre la responsabilidad penal de figuras de alto nivel.
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