Luis Ratti ha presentado una solicitud formal ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que se inicie un proceso de revocatoria o suspensión de la nacionalidad a una extensa lista de dirigentes opositores. La petición incluye nombres de alto perfil como María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, además de una veintena de figuras clave del antichavismo.
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La lista de 22 personas señaladas por Ratti es amplia e incluye a exfuncionarios, exiliados, activistas y periodistas. Entre los nombres destacados figuran Juan Guaidó, Julio Borges, Antonio Ledezma, Magalli Meda, Iván Simonovis y varios comunicadores y influencers venezolanos en el exilio como Carla Angola y Rafael Poleo.
Argumentos Basados en el «No Amor al País»
Luis Ratti argumentó que su solicitud está basada en lo que considera un «no amor al país donde nacieron ni a su gente» por parte de los señalados, buscando que estos «no tengan derechos ni beneficios» en Venezuela.
La fundamentación legal de la petición, según Ratti, reposa en el artículo 130 de la Constitución Nacional, el cual establece el deber ciudadano de honrar y defender a la patria. Asimismo, citó el artículo 7 de la Ley Simón Bolívar, entre otras normativas.
«Nuestros argumentos son claros, fundamentados (…). No aman el país donde nacieron ni a su gente entonces que no tengan derechos ni beneficios,» enfatizó Ratti, destacando que su intención es lograr «justicia» y contribuir a la «paz de Venezuela.»
Precedente de Leopoldo López y escalamiento judicial
Un punto central en la argumentación de Ratti es la existencia de un precedente legal reciente. El político recordó que los argumentos utilizados para solicitar la revocatoria de la nacionalidad al también dirigente opositor Leopoldo López son los mismos que ahora esgrime contra esta nueva lista de figuras. Este paralelismo sugiere una escalada en la ofensiva judicial contra los líderes de la oposición.
La presentación de esta solicitud ante el TSJ intensifica la incertidumbre legal que rodea a los dirigentes del antichavismo y sus derechos ciudadanos, lo que probablemente generará fuertes reacciones dentro y fuera del país, poniendo de relieve la polarización y la batalla en el ámbito judicial venezolano. La decisión del máximo tribunal sobre si admitir o no el trámite de esta solicitud será un indicativo clave del rumbo de la política legal en las próximas semanas.
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