La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela ha convocado a una crucial sesión ordinaria para la tarde de este martes 28 de octubre, con una agenda que combina legislación vital en materia de seguridad nacional y una escalada diplomática de alto voltaje. Pautada para las 2:30 de la tarde, la plenaria se centrará en dos únicos, pero trascendentales, puntos del orden del día.
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El primer foco de discusión será la segunda discusión del Proyecto de Ley de los Comandos de Defensa Integral de Venezuela. Esta legislación, que ya superó el escollo de la primera aprobación el pasado 10 de octubre, busca reformar y consolidar la estructura operativa de los órganos encargados de la Defensa Integral de la Nación, reforzando la capacidad de respuesta militar y civil ante cualquier amenaza.
Se espera que el debate finalice con la aprobación definitiva de este marco legal, que tendrá implicaciones directas en la organización territorial y la movilización de recursos del Estado en función de la seguridad.
Sin embargo, el punto que acapara la atención de los observadores internacionales y medios de comunicación es el segundo ítem: la discusión para declarar como «Persona Non Grata» a la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar.
Esta propuesta de declaración es una respuesta directa e inmediata a la reciente y abrupta suspensión de los acuerdos de gas entre ambos países, decretada por el presidente Nicolás Maduro.
Dicha suspensión fue justificada por Caracas ante la presunta anuencia de Persad-Bissessar a que su país se convierta en una plataforma de operaciones militares de Estados Unidos en el Caribe, específicamente tras el arribo de un destructor de la Armada norteamericana a aguas trinitenses.
De aprobarse, la medida de la Asamblea Nacional intensificaría significativamente la ya tensa crisis diplomática. Declarar a la jefa de Gobierno de un país vecino como «Persona Non Grata» es una de las herramientas más fuertes en el arsenal diplomático, que subraya el profundo malestar de Venezuela por lo que considera una amenaza a su soberanía y estabilidad.
Este movimiento legislativo ratificaría la postura del Ejecutivo y cerraría, al menos desde el punto de vista formal, la puerta a cualquier negociación o acercamiento con la actual administración de Puerto España. La jornada de la AN de hoy no solo es legislativa, sino definitoria en las relaciones geopolíticas del Caribe.
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