El ministro de Interior y Justicia y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, lanzó este miércoles una severa advertencia dirigida a ciudadanos que, según el oficialismo, solicitan una intervención militar extranjera en el país. Cabello afirmó categóricamente que cualquier ciudadano que pida la invasión de Venezuela «está renunciando» a su nacionalidad de forma inmediata.
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La declaración surge en un contexto de alta tensión política, luego de que el presidente Nicolás Maduro solicitara al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) una «consideración constitucional» para retirar la nacionalidad a quienes «se sumen» a operaciones extranjeras, señalando directamente al líder opositor Leopoldo López como objetivo principal de esta medida.
Cabello argumentó que la solicitud del jefe de Estado se fundamenta en el artículo 130 de la Constitución, el cual establece el deber ineludible de los venezolanos de «honrar y defender a la patria», así como de «resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la nación».
Postura del chavismo
Más allá de la decisión que pueda tomar el TSJ, el número dos del chavismo fue más allá al señalar que el acto mismo de solicitar la invasión conlleva una consecuencia inmediata en términos de identidad nacional.
«Quien pida la invasión de su propio país se está alistando en un ejército extranjero y está renunciando, de manera tácita y explícita, a la nacionalidad. No necesita que nadie se la quite, ya está renunciando,» expresó Cabello.
El ministro insistió en que el acto de enrolarse o solicitar apoyo de un «ejército enemigo a su patria» constituye una renuncia tácita al vínculo nacional, un concepto legal y político de profundo calado. Cabello utilizó este argumento para acusar de esta falta a Leopoldo López y no descartó tomar la misma medida contra otras personas, aunque añadió que «todo tiene sus tiempos».
La aplicación de esta medida de retirada de nacionalidad por parte del TSJ, si llega a concretarse, sentaría un precedente constitucional de gran controversia en la historia legal venezolana, afectando directamente a figuras clave de la oposición y generando debate sobre los límites de la libertad de expresión y la defensa de la soberanía.
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