El proceso judicial penal contra Rafael Tudares Bracho continuará realizándose a través de audiencias telemáticas, según la información difundida por su esposa, Mariana González, hija del reconocido dirigente opositor Edmundo González Urrutia. La medida marca una nueva fase en el caso de Tudares Bracho, quien cumple 300 días privado de libertad sin comunicación con su familia.
Mariana González utilizó su cuenta en la red social X para informar sobre la decisión de las autoridades y expresar su preocupación por la forma en que se desarrolla el procedimiento. González calificó el proceso como «clandestino e inconstitucional», y denunció que se están violando los derechos humanos de su esposo en el marco de su detención.
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La esposa del acusado citó el artículo 49 de la Constitución venezolana, enfatizando que garantiza la defensa y la asistencia jurídica como derechos inviolables en todo estado y grado del proceso. También recalcó la importancia de la presunción de inocencia y el derecho a ser «oída en cualquier clase de proceso, con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad».
Estas referencias apuntan a la necesidad de asegurar la transparencia y el cumplimiento de las garantías constitucionales durante las sesiones judiciales.
Rafael Tudares Bracho fue detenido el pasado 7 de enero de 2024 por funcionarios de seguridad, cuando se dirigía a llevar a sus dos hijos a la escuela. Poco después de la detención, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, declaró que Tudares Bracho estaría presuntamente implicado en un acto terrorista que supuestamente involucraba a figuras políticas.
Tras la audiencia preliminar en junio, un tribunal decidió avanzar hacia el juicio por los presuntos delitos de forjamiento, conspiración, terrorismo, asociación, legitimación y financiamiento.
La esposa del detenido ha insistido en que su marido no tiene relación alguna con las tensiones políticas que surgieron tras los eventos electorales de julio de 2024. “Mi esposo no tiene nada que ver con ese conflicto político que lo mantiene privado de libertad”, afirmó González, quien además denunció que desde la detención de su esposo, no ha podido tener contacto con él, ni entregarle medicamentos o artículos de higiene personal.
En un esfuerzo por buscar apoyo, Mariana González dirigió una carta pública a la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) el 11 de octubre, solicitando su intervención para constatar las condiciones de reclusión de su esposo y abogar por un proceso judicial justo y transparente, con la esperanza de que organismos nacionales e internacionales puedan garantizar un juicio apegado a la ley.
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