Las manifestaciones y protestas organizadas por sindicatos y trabajadores de diversos sectores, especialmente educación y salud, han experimentado una marcada disminución en las calles de Venezuela. Voces del sector sindical señalan que esta baja frecuencia en las movilizaciones responde a un contexto de elevada presión política y judicial contra sus dirigentes, una situación que se ha profundizado tras los recientes eventos políticos del país.
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Dirigentes sindicales que compartieron sus testimonios con el medio Efecto Cocuyo alertaron que derechos fundamentales, como el acceso a un salario digno, condiciones laborales adecuadas, la discusión de contratos colectivos y la libre asociación sindical, han sido limitados. Advierten que las prácticas de control, tanto judiciales como administrativas, dificultan la capacidad de organización y movilización de los trabajadores para reclamar sus derechos.
Persecución sindical y detenciones
Griselda Sánchez, líder sindical del sector educativo y presidenta de la ONG Fordisi, lamentó que la intensificación de la persecución contra dirigentes sindicales y gremiales haya “neutralizado” el movimiento en la actualidad.
Sánchez recordó que el magisterio ha estado en la primera línea de reclamos desde 2015, exigiendo salarios justos, calidad educativa y la reactivación del programa de alimentación escolar. La dirigente reporta que más de 10 educadores se encuentran privados de libertad de manera que consideran arbitraria.
Entre los casos más destacados se encuentra el de Robert Franco (55 años), profesor y dirigente sindical condenado a 30 años de prisión en un juicio que, según sus familiares y defensores de derechos humanos, estuvo plagado de irregularidades.
También se denunció la detención de Roberto Antonio Campero (73 años), profesor y dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza (Sitraenseñanza), el 14 de agosto de 2025, quien permanece incomunicado en un centro de reclusión en Caracas.
El reflujo y las cifras de presos
Pedro Eusse, secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV), describió el momento actual como un “reflujo” o inmovilidad de las fuerzas sociales, impulsado por el control que, a su juicio, ejerce la élite en el poder para imponerse como fuerza única. Eusse puntualizó que la represión, traducida en allanamientos y privaciones de libertad, ha sido una de las herramientas más efectivas para este control.
Según datos de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) hasta el 21 de octubre, la cifra total de personas detenidas por motivos políticos asciende a 1.074, entre las cuales han sido identificados 14 sindicalistas que participaban activamente en las protestas laborales.
Eusse también mencionó casos como el de los trabajadores de Sidor, Daniel Romero y Leonardo Azácar, aprehendidos tras liderar una protesta por salarios dignos, y el de Juan Valor, otro sidorista detenido por llamar a la movilización.
Los líderes sindicales afirman que, si bien la Constitución del país sigue siendo democrática, las maniobras judiciales y administrativas han logrado “atar de pies y manos” al movimiento gremial, impidiendo que los trabajadores reclamen sus derechos laborales y humanos de manera efectiva.
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