La escalada de violencia en el país ha alcanzado un punto crítico, con un saldo de siete presidentes municipales asesinados en distintos estados de México en lo que va del año 2025. Esta alarmante cifra no solo subraya la profunda vulnerabilidad de las autoridades locales, sino que también pone en evidencia la falta de garantías de seguridad en los municipios más castigados por el crimen organizado.
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Los ataques, a menudo perpetrados con extrema violencia, son un reflejo directo de las disputas territoriales y el poder de las células criminales.
Víctimas de la violencia: Los alcaldes asesinados
El más reciente de los trágicos sucesos ocurrió en Michoacán con el asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, quien fue atacado durante la celebración del Festival de las Velas. Sin embargo, el año inició con la emboscada y muerte de Mario Hernández García, presidente de Santiago Amoltepec, Oaxaca, junto a su chofer y un policía municipal, marcando el primer hecho violento contra un edil en 2025.
La lista de víctimas se extendió rápidamente. En Guerrero, Isaías Rojas Ramírez, alcalde de Metlatónoc por el Partido del Trabajo (PT), fue herido gravemente en un intento de asalto en la Autopista del Sol el 2 de junio, falleciendo días después en un hospital de Chilpancingo.
Solo cuatro días después, la violencia regresó a Michoacán. El 6 de junio fue ejecutado Salvador Bastida García, presidente municipal de Tacámbaro, militante de la coalición PT-PVEM-Morena. Bastida fue atacado al llegar a su domicilio y ya había hecho públicas denuncias sobre amenazas vinculadas a conflictos criminales en su región.
Ataques directos y la vulnerabilidad institucional
El crimen organizado ha demostrado una audacia creciente, incluso atacando dentro de recintos gubernamentales. El 15 de junio, Lilia Gema García Soto, alcaldesa de San Mateo Piñas, Oaxaca, fue asesinada dentro del palacio municipal por hombres armados disfrazados de policías. El ataque también cobró la vida del agente municipal Eli Gregorio García Ruiz.
Dos días después, el 17 de junio, el municipio de Tepalcatepec, Michoacán, fue escenario de un doble homicidio con el asesinato de la alcaldesa Martha Laura Mendoza Mendoza y su esposo, Ulises Sánchez Ochoa, frente a su hogar, resultando herido su hijo de 17 años.
Finalmente, el 20 de octubre, Miguel Bahena, alcalde del municipio de Pisaflores en Hidalgo y militante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), fue asesinado afuera de su casa por dos sujetos a bordo de una motocicleta. Su partido político ha exigido una investigación inmediata, advirtiendo que esta ola de violencia “está minando la democracia y la seguridad de las comunidades”.
Esta serie de asesinatos pone de relieve la imperiosa necesidad de reforzar las estrategias de protección para los líderes municipales, quienes se encuentran en la primera línea de la lucha contra el crimen organizado y la corrupción. La fragilidad de la seguridad a nivel local compromete la gobernabilidad y la estabilidad democrática del país.
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