El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, y el defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, renuncian a sus cargos.
El anunció lo hizo en la sesión del parlamento, donde mostró las cartas en las cuales los funcionarios informaban de la decisión de renunciar.
El anuncio activa de inmediato los mecanismos legislativos para la designación de los nuevos titulares que asumirán estas instituciones fundamentales para el ordenamiento jurídico y la protección de los derechos de los ciudadanos.
En ese sentido, Rodríguez informó que ae debe conformar un comité de postulaciones para nombrar a los sustitutos, tal como lo estipula el artículo 279 de la Constitución de Venezuela y el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano.
Ambos funcionarios, que han sido pilares en la administración de justicia en los últimos años, dejan sus cargos en un contexto de alta sensibilidad política para el país.
Esta noticia marca el fin de una gestión que ha sido objeto de constantes seguimientos por parte de organismos internacionales.
Tarek William Saab y su paso por el MP
Tarek William Saab asumió el cargo de fiscal general en agosto de 2017.
Durante su gestión, Saab se posicionó como el rostro de la acción penal en Venezuela, liderando investigaciones que, según su despacho, buscaban combatir la corrupción y la conspiración.
Sin embargo, su mandato es recordado por la comunidad internacional y organizaciones de derechos humanos por la judicialización de la disidencia política.
Se le cuestiona duramente por el uso de la institución para emitir órdenes de aprehensión contra líderes opositores, periodistas y activistas, lo que fue calificado por diversos informes de la ONU como una herramienta de persecución.
Además, bajo su gestión, se registraron retrasos procesales críticos y denuncias sobre la falta de investigación efectiva en casos de torturas y ejecuciones extrajudiciales documentadas por la misión de determinación de hechos de las Naciones Unidas.
Alfredo Ruiz y la Defensoría del Pueblo
Alfredo Ruiz llegó a la Defensoría del Pueblo en agosto de 2017.
Su rol, en teoría, era garantizar la defensa de los derechos humanos de todos los venezolanos frente a posibles abusos del poder estatal.
Lo más cuestionado de su paso por la defensoría fue su persistente silencio y la omisión de funciones ante las graves denuncias de violaciones a los derechos humanos en los centros de detención.
Mientras familiares de presos políticos y víctimas de abusos policiales clamaban por la intervención de su despacho, Ruiz mantuvo una postura que muchos calificaron de cómplice o pasiva.
Su incapacidad para alzar la voz contra las precarias condiciones carcelarias y la falta de garantías judiciales dejó a miles de ciudadanos en un estado de indefensión, desvirtuando la esencia misma de la institución que presidía.
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