a Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) presentó este jueves una actualización oral sobre la situación de derechos humanos en el país. Aunque el organismo calificó como «positiva» la implementación de la reciente Ley de Amnistía, lanzó duras críticas al considerar que el instrumento legal elude la responsabilidad estatal en las vulneraciones de derechos fundamentales.
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Desde la sede de la ONU en Ginebra, la misión detalló que la ley fue adoptada en un plazo acelerado, careciendo de procesos transparentes e integrales. María Eloisa Quintero, representante de la misión, junto a su homólogo Alex Nave, señaló que el texto actual posee un alcance restrictivo que limita la tipificación de delitos y excluye a numerosos detenidos.
Ley de Amnistía no reconoce responsabilidad del estado
“No se reconoce a las víctimas de la represión a las que se les sigue catalogando como delincuentes”, afirmó Quintero durante su intervención. La experta en derecho internacional subrayó que el beneficio legal deja fuera a un gran número de militares y civiles señalados de rebelión sin pruebas concluyentes.
Según cifras del gobierno interino de Delcy Rodríguez, se han otorgado más de 247 libertades a presos políticos. No obstante, la ONU cuestiona la opacidad de estos datos. “Las cifras no pueden ser corroboradas”, sentenció Quintero, quien además reiteró que «no se requiere de esta Ley para excarcelar a quien ha sido privado de libertad ilegítimamente».
Continúan patrones de violaciones de ddhh
El informe abarca eventos ocurridos desde septiembre de 2025 hasta la fecha, evidenciando una «continuidad de patrones» de abusos. Entre septiembre y diciembre de 2025, se documentaron 135 detenciones arbitrarias con aplicación de tratos crueles. Un dato alarmante es que un tercio de los detenidos eran familiares de personas buscadas, incluyendo a ocho niños.
Asimismo, se registraron tres muertes bajo custodia estatal, presuntamente vinculadas a condiciones de salud no atendidas en los centros de reclusión.
Impacto de los eventos del 3 de enero
La misión informó que tras los ataques militares estadounidenses del pasado 3 de enero de 2026, las denuncias por violaciones de derechos humanos han persistido. Se contabilizan al menos 87 nuevas detenciones, entre las que destacan 14 trabajadores de la prensa y 27 personas —incluyendo 15 adolescentes— arrestadas por supuestamente celebrar la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores.
Quintero también mencionó el arresto de 30 funcionarios del Cicpc que se habrían negado a «falsear» evidencias sobre el ataque de enero, aunque el director del cuerpo, Douglas Rico, calificó dicha información como «fake news».
Espacio cívico restringido y derecho internacional
La ONU advirtió que las garantías para elecciones libres siguen siendo «remotas», con una sociedad civil bajo constante asedio y la vigencia de instrumentos como la «Ley contra el Odio» para criminalizar la disidencia.
Finalmente, la misión cuestionó la intervención de EE. UU. del 3 de enero, donde fallecieron 82 personas. “Si bien la misión cree que Maduro es responsable de crímenes de lesa humanidad, eso no es motivo para una intervención militar”, concluyó Quintero, calificando el acto como una violación al derecho internacional.
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