Los tribunales penales del país negaron formalmente la solicitud de amnistía presentada a favor de seis dirigentes sindicales. Estos trabajadores cumplen una condena de 16 años de prisión, tras un proceso judicial que organizaciones internacionales han calificado como una criminalización de la protesta social.
La denuncia fue formulada por Eduardo Torres, abogado y activista de la ONG Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea). Torres, quien en el pasado también vivió la experiencia de ser un preso político, utilizó sus canales oficiales para informar sobre el revés judicial ocurrido en las inmediaciones del Palacio de Justicia en la capital venezolana.
«Hoy los tribunales penales le negaron la Amnistía a los seis sindicalistas condenados a 16 años por defender derechos», denunció Torres en una publicación en X, en la que publicó una fotografía con el grupo de trabajadores en las afueras del Palacio de Justicia en Caracas. «Venezuela exige justicia, libertad y democracia», agregó el activista de la organización.
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Los sindicalistas Reynaldo Cortés, Alcides Bracho, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Alonso Meléndez y Néstor Astudillo fueron detenidos entre el 4 y el 7 de julio de 2022, y condenados en agosto de 2023 por los delitos de conspiración y asociación para delinquir, según informó el entonces fiscal general, Tarek William Saab.
Posteriormente fueron excarcelados en diciembre de 2023, dos meses después de una reanudación de negociaciones políticas –con un papel preponderante de Estados Unidos, entonces bajo la Administración de Joe Biden– entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la principal coalición opositora del país.
En los últimos días, organizaciones han denunciado el rechazo a diversas solicitudes de amnistía, incluyendo las de dos periodistas del país suramericano.
Jorge Rodríguez, afirmó que todos «tienen derecho a apelar» ante los tribunales, y reiteró que la comisión parlamentaria para el seguimiento de la Ley de Amnistía seguirá analizando casos
Consultado por estas negativas, este martes el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, afirmó que todos «tienen derecho a apelar» ante los tribunales, y reiteró que la comisión parlamentaria para el seguimiento de la Ley de Amnistía seguirá analizando casos.
La Ley de Amnistía, promulgada en febrero, contempla un período de 27 años, desde 1999 –cuando el chavismo llegó al poder–, pero establece que se concederá a personas vinculadas con 13 «hechos» ocurridos en 13 años distintos.
Hasta el jueves pasado, el Parlamento cifraba en 7.727 libertades plenas concedidas en el marco de este proceso: 7.474 personas tenían libertad restringida con medidas cautelares –como la prohibición de salida del país y presentación periódica en tribunales–, mientras que los otros 253 estaban encarcelados.
La ONG Foro Penal, que lidera la defensa de presos políticos, contabilizaba 508 detenidos en Venezuela hasta el pasado miércoles, aunque el Gobierno niega que haya personas arrestadas por estos motivos, sino que afirma que cometieron varios delitos
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