Tres años después del inicio de las investigaciones por la trama de corrupción denominada Pdvsa-Cripto, se activó en los tribunales de Caracas el proceso judicial contra los principales implicados. La organización Transparencia Venezuela informó sobre el traslado de los detenidos al Palacio de Justicia para su comparecencia formal.
Entre los presentados ante la jueza de control en materia de terrorismo, Alejandra Romero, se encuentra el exministro de Petróleo y expresidente de Pdvsa, Tareck El Aissami. La medida ocurre tras un extenso período de hermetismo sobre el paradero y el estatus legal de los involucrados en este esquema financiero.
Transparencia Venezuela señaló que existen interrogantes sobre la fase actual del proceso, cuestionando por qué el caso se mantiene en control y no ha avanzado a juicio. Asimismo, la organización destacó la falta de claridad respecto al número exacto de imputados, cuyas cifras oscilan entre 54 y 60 personas.
Hasta el momento, no existe información oficial detallada sobre el centro de reclusión de los detenidos ni un balance definitivo del impacto económico. No obstante, estimaciones independientes sugieren que el daño al patrimonio público supera los 16.960 millones de dólares, de los cuales una parte importante se considera incobrable.
Antecedentes de la trama Pdvsa-Cripto
El caso se hizo público en 2023, cuando el Ministerio Público reveló una red que involucraba a altos funcionarios y empresarios en la gestión irregular de cargamentos de petróleo. Estas operaciones incluían transacciones paralelas con criptomonedas para evadir controles administrativos, lo que derivó en la renuncia de El Aissami en marzo de ese año.
Posteriormente, en abril de 2024, la Fiscalía confirmó la detención del exministro junto al extitular de Economía, Simón Zerpa, y el empresario Samark López. Las autoridades judiciales han formulado cargos que incluyen traición a la patria, legitimación de capitales y malversación de fondos públicos.
Ausencia de transparencia
La magnitud de la trama y la falta de datos oficiales han sido motivo de preocupación para diversos sectores de la sociedad civil. Las autoridades han atribuido previamente la crisis económica a factores externos, mientras que las investigaciones internas apuntan a fallas estructurales en la administración de la industria petrolera.
La organización Transparencia Venezuela enfatizó que la ausencia de transparencia limita el seguimiento del proceso por parte de la ciudadanía. Se espera que las próximas audiencias arrojen mayor claridad sobre las responsabilidades individuales y el destino de los fondos públicos comprometidos en esta operación.
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