El gobierno de Florida mantiene conversaciones preliminares con la administración del presidente Donald Trump para el cierre de Alligator Alcatraz, un centro de detención migratoria ubicado en los Everglades, según reportó este jueves The New York Times. La posible decisión surge en medio de cuestionamientos legales, ambientales y financieros que rodean la operación de la instalación.
Alligator Alcatraz fue inaugurado el verano pasado y desde entonces ha generado controversia por su ubicación en una reserva ecológica sensible al sur de Florida. La infraestructura ha implicado costos millonarios para el estado, que aún no ha recibido el reembolso federal solicitado por un monto de 608 millones de dólares.
De acuerdo con el reporte, el cierre de Alligator Alcatraz se evalúa tras conclusiones internas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que considera el centro como una operación costosa e ineficiente. Este análisis habría impulsado los contactos entre autoridades estatales y federales para revisar su continuidad.
Actualmente, el centro alberga aproximadamente a 1.400 detenidos, según cifras del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Las condiciones del lugar también han sido objeto de críticas, incluyendo denuncias por insalubridad que han incrementado la presión pública y política sobre su funcionamiento.
En paralelo, organizaciones ambientalistas y la tribu Miccosukee han cuestionado la construcción del centro en los Everglades sin una evaluación de impacto ambiental previa. Este punto derivó en una disputa judicial que ha marcado el debate sobre la legalidad del proyecto.
El mes pasado, un tribunal de apelaciones permitió que la instalación continuara operando, al revocar una orden que exigía su cierre temporal. Los jueces determinaron que no se comprobó que el centro estuviera bajo jurisdicción federal, lo que eximía la obligación de realizar el estudio ambiental.
El posible cierre de Alligator Alcatraz se produce en este contexto de tensiones legales y críticas sobre su viabilidad, mientras continúan las negociaciones entre Florida y el gobierno federal.
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