En un pronunciamiento crítico, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) expresó que el gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, reconoce públicamente la profunda crisis carcelaria en Venezuela; las autoridades continúan evadiendo su responsabilidad directa en el colapso.
A través de un informe técnico difundido en su plataforma oficial, la organización no gubernamental cuestionó las recientes admisiones de altos funcionarios del Estado, entre ellos el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello; la defensora del Pueblo, Eglée González Lobato; y el fiscal general, Larry Devoe.
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“Lo preocupante no es que ahora reconozcan la crisis; lo verdaderamente alarmante es que lo hagan después de años de denuncias, informes, muertes bajo custodia y miles de personas atrapadas en un sistema que ellos mismos admiten que no funciona”, sentenció la ONG.
La radiografía de las cifras: Retardo y criminalización de la pobreza
De acuerdo con los datos institucionales del Gobierno recopilados por el OVP, la población penitenciaria en Venezuela asciende actualmente a 58.714 personas privadas de libertad. El desglose de esta cifra oficial evidencia fallas estructurales crónicas:
| Indicador Crítico del Sistema | Número de Personas Afectadas | Impacto y Condición Jurídica |
| Población Penal Total | 58.714 personas | Total nacional bajo custodia estatal. |
| Retardo Procesal Extremo | 12.425 personas | Tienen más de dos años detenidas sin recibir sentencia. |
| Hacinamiento Preventivo | 8.222 personas | Permanecen confinadas de forma prolongada en calabozos policiales. |
La admisión de hechos como mecanismo de supervivencia
Uno de los hallazgos más alarmantes expuestos por la Fiscalía General es que el 75% de los condenados en el país admitió los hechos imputados. Para el OVP, este porcentaje no refleja una resolución judicial transparente, sino una medida desesperada ante la tortura institucional del sistema.
“Cuando una persona enfrenta años de prisión preventiva, hacinamiento, falta de atención médica, desnutrición y la incertidumbre de no saber cuándo será juzgada, la admisión de los hechos deja de ser una decisión jurídica y se convierte en una estrategia de supervivencia para salir del calabozo”, detalló.
Asimismo, las estadísticas oficiales transparentan un sesgo socioeconómico drástico: el 70% de la población penitenciaria proviene de los estratos más pobres de la sociedad civil y el 81% corresponde a ciudadanos que ingresaban por primera vez al aparato penal, lo que el OVP califica firmemente como la «criminalización de la pobreza».
Crisis humanitaria: 22 muertes bajo custodia en lo que va de 2026
El impacto de estas condiciones ambientales e higiénicas deficientes se traduce en pérdidas humanas constantes. El observatorio documentó que, solo entre los meses de abril y lo que va de junio de 2026, al menos 22 personas han muerto bajo custodia directa del Estado venezolano.
Esta letalidad intramuros guarda una relación directa con los hallazgos del Informe Anual 2025 de la organización, el cual determinó que el 95% de los fallecimientos en los penales estuvieron asociados a la falta de asistencia médica oportuna. Las patologías infecciosas, la desnutrición severa y la escasez absoluta de agua potable destruyen progresivamente el organismo de los reclusos ante la mirada inerte de los custodios.
Conclusión: Un colapso multidimensional
Para el Observatorio Venezolano de Prisiones, resulta imposible e inviable fragmentar el problema o atribuirlo a «fallas administrativas aisladas». El retardo en los tribunales, el hacinamiento crítico en sedes policiales temporales, el aislamiento y la desatención médica forman parte de un engranaje sistémico que vulnera de forma masiva los derechos humanos de los detenidos y destruye a sus núcleos familiares. La sociedad civil y los familiares exigen que el reconocimiento de la crisis carcelaria en Venezuela y se traduzca en transformaciones estructurales urgentes.
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