En lo que promete ser uno de los capítulos judiciales más complejos de la historia reciente de Colombia, la Fiscalía General de la Nación confirmó que investigará formalmente al expresidente Álvaro Uribe Vélez. El proceso busca determinar su presunta responsabilidad en la creación, promoción y actuación de bloques paramilitares en el departamento de Antioquia durante la década de 1990, época en la que se desempeñó como gobernador de dicha región.
La investigación, que inicialmente estuvo bajo el ala de la Corte Suprema de Justicia, pone el foco sobre una de las épocas más oscuras del conflicto armado en el noroccidente del país.
Los cargos: Homicidio protegido y concierto para delinquir
El expediente contra el exmandatario abarca delitos de extrema gravedad que no prescriben debido a su naturaleza: concierto para delinquir agravado y homicidio en persona protegida.
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De acuerdo con el organismo acusador, las pesquisas se centran en tres ejes clave:
- La hacienda Guacharacas: Se investiga si esta propiedad, perteneciente a la familia Uribe Vélez en los años 90, fue utilizada como base de operaciones y centro de acopio para la conformación de estructuras armadas ilegales (asociadas a las Autodefensas Unidas de Colombia – AUC).
- Las masacres de La Granja y El Aro (1996-1997): La Fiscalía rastrea la posible facilitación u omisión del exgobernador en estas incursiones paramilitares en el municipio de Ituango, las cuales dejaron múltiples homicidios, desplazamientos forzados, quema de viviendas y hurto masivo de ganado.
- El caso de San Roque: Hechos de violencia y control paramilitar focalizados en este municipio antioqueño durante su mandato regional.
El caso Jesús María Valle: Un crimen clave
Paralelamente, el proceso vincula a Uribe Vélez por su presunta coresponsabilidad en el asesinato del reconocido defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, perpetrado en febrero de 1998.
Valle Jaramillo había denunciado públicamente y de manera reiterada ante la Gobernación de Antioquia la connivencia entre miembros del Ejército Nacional, las autoridades locales y los grupos paramilitares que estaban masacrando a las poblaciones de Ituango, semanas antes de ser ejecutado en su oficina de Medellín.
Tras la ratificación del caso por parte de la Fiscalía, la justicia penal informó que el expresidente será citado formalmente en los próximos días para rendir su declaración indagatoria, un paso definitivo para determinar si el proceso avanza hacia un juicio formal.
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