Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015, informó que el ciclo de negociaciones previsto para septiembre abordará como eje central el restablecimiento de los derechos civiles y políticos en Venezuela.
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Garantías políticas y reformas legales
Durante un encuentro de Primero Justicia, Figuera detalló las prioridades de la delegación opositora para las próximas mesas de trabajo:
- Restitución partidista: Recuperar las tarjetas, símbolos y la personalidad jurídica de las organizaciones políticas que sufrieron intervenciones o bloqueos administrativos.
- Habilitación de actores políticos: Devolver el derecho a la participación electoral a dirigentes perseguidos, inhabilitados o en el exilio.
- Derogación de leyes restrictivas: Revisar y anular normativas que limitan el trabajo de la sociedad civil y las ONG, como la Ley contra el Odio y la Ley de Fiscalización de ONG.
- Liberación de presos políticos: Enfatizó que la exigencia de libertad para los detenidos por motivos políticos es una prioridad ética y pidió no utilizar este tema con fines partidistas, priorizando el enfoque de derechos humanos.
Reforma del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)
Figuera vinculó las garantías políticas con la transformación del sistema judicial, acuerdo alcanzado durante la primera ronda de conversaciones finalizada el 12 de agosto.
- Priorización judicial: Explicó que se priorizó la reforma del TSJ sobre la del Consejo Nacional Electoral (CNE) debido a las decisiones históricas de las salas Electoral y Constitucional que afectaron la soberanía del voto.
- Convocatoria ciudadana: Exhortó a universidades, instituciones y profesionales honorables a postularse para la conformación del nuevo tribunal.
- Apertura en la negociación: Indicó que la delegación encabezada por Jorge Rodríguez aceptó discutir la reestructuración integral del TSJ, la cual contempla la renovación total de los magistrados y la modificación de la Ley Orgánica del TSJ.
Balances del primer ciclo
El primer ciclo de negociaciones concluyó con acuerdos para la atención de las emergencias derivadas del sismo de junio —incluyendo gestiones sobre fondos en el Banco de Inglaterra bajo auditoría— y el inicio del cronograma para la reestructuración del Poder Judicial.
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