Este lunes 24 de agosto se cumplen dos meses del doble terremoto que azotó a Venezuela, dejando un saldo trágico de más de 6.400 fallecidos y 86.000 personas atendidas en centros de salud. A pesar de la falta de un balance oficial de desaparecidos, la ONG Venezuela Reporta ha contabilizado en sus registros al menos 41.336 personas en esta condición.
En el estado La Guaira —la región más golpeada por el desastre— los habitantes se debaten entre la pérdida de sus hogares y el duelo incesante. La búsqueda entre los escombros continúa no solo para recuperar pertenencias, sino para hallar los cuerpos de sus familiares y darles digna sepultura.
Situación en los refugios y réplicas continuas
La crisis habitacional es alarmante: se calculan 60.000 viviendas afectadas, de las cuales más de 24.000 quedaron completamente inhabitables, incluyendo 190 edificios colapsados.
Por el momento, los sobrevivientes permanecen en alojamientos temporales cuyas condiciones empeoran debido a lluvias torrenciales que destruyen los campamentos.
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Además, el pánico persiste por las réplicas. Tan solo en la madrugada de este domingo se registraron tres sismos en menos de 29 minutos. El Sistema de Protección Civil mantiene activas las labores de monitoreo, sin reporte de nuevos daños.
Respuesta humanitaria: Más allá de la emergencia
Organizaciones como Ayuda en Acción acompañan a 782 familias, casi 3.400 personas, mediante la entrega de kits de alimentación, higiene y abrigo, además de habilitar espacios seguros para más de un centenar de niños. Sin embargo, la organización enfatiza que la respuesta no debe limitarse a la entrega de insumos:
«La emergencia ya no se responde solo con entregas. Las comunidades necesitan fortalecerse para plantearse qué viene después: cómo se recupera la vida cotidiana, el ingreso y la vivienda.»
Evaluación de daños y plan de vivienda
El gobierno encargado, agencias de la ONU y organismos multilaterales instalaron mesas de reconstrucción para evaluar las necesidades posdesastre. La prioridad absoluta se centra en la salud física y mental, el acceso a agua potable, el saneamiento y la restitución de servicios básicos.
En este sentido, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, prometió la entrega de 4.000 viviendas antes de finalizar el 2026. Hasta la fecha, según el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, solo se han entregado 335.
En este contexto, el Parlamento aprobó el 21 de agosto una reforma a la ley de vivienda con 40 artículos destinados a regular contratos, fiscalizaciones y garantías para constructores y compradores.
Las autoridades ordenaron que los restos del colapso fuesen trasladados a 14 Centros de Disposición Temporal (CDT), tres de los cuales procesan y trituran concreto, acero, plástico y madera.
El reto de la reubicación y la dispersión comunitaria
Reubicar a los damnificados representa el desafío más complejo. Las labores semanales de demolición y limpieza controlada son cruciales para devolver la movilidad y permitir el rescate de enseres, evitando que las familias queden en un limbo prolongado.
No obstante, muchos sobrevivientes se niegan a trasladarse a los refugios oficiales, prefiriendo acampar junto a sus antiguas viviendas o resguardarse con vecinos y familiares.
Esta dispersión dificulta la identificación de las víctimas, obligando a las ONG a realizar censos casa por casa junto a líderes comunitarios para garantizar que la asistencia en materia de agua potable y protección alcance a los sectores más invisibilizados.
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