El Gobierno de Colombia intentó despejar la incertidumbre generada tras los recientes anuncios oficiales sobre el inicio de operativos de control para identificar y deportar a personas en situación irregular dentro del territorio colombiano. Ante la preocupación generada en la comunidad migrante, la administración nacional precisó el alcance real de las inspecciones que se ejecutarán en las distintas zonas del país.
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, explicó que las acciones de deportación no contemplan a los venezolanos que ingresaron al país durante los años más críticos de la crisis migratoria y que posteriormente obtuvieron algún mecanismo de regularización o estatuto de protección.
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Durante una entrevista concedida a Noticias Caracol, Lara señaló que entre 2019 y 2021 cerca de dos millones de venezolanos llegaron a suelo colombiano y que aproximadamente el 90 % de ellos fue incorporado formalmente a algún régimen legal.
«El presidente no se refiere a los hermanos venezolanos que llegaron en lo más duro de la crisis«, afirmó el ministro del Interior, Rodrigo Lara, al reiterar que esta población con estatus legalizado no forma parte de las inspecciones ni de los procedimientos de repatriación previstos por el Ejecutivo nacional.
Asimismo, el funcionario sostuvo que el objetivo central de la nueva política migratoria es combatir frontalmente a las organizaciones criminales que lucran con el tráfico y la trata de personas, especialmente en la región del Darién, un estratégico corredor utilizado por migrantes que buscan continuar su ruta hacia Centroamérica y los Estados Unidos.
En ese sentido, Lara mencionó específicamente a estructuras como el Clan del Golfo entre los grupos delictivos que obtienen ganancias económicas del tránsito irregular de personas por esa zona fronteriza.
«Nos referimos básicamente al tráfico, a la trata de personas, que tiene unas redes de criminales que operan particularmente en el Darién«, puntualizó el titular de la cartera de Interior, luego de la orden presidencial de desplegar operativos contra las redes dedicadas a la migración ilegal.
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