Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos prevén transferir un contingente de drones MQ-9 Reaper —actualmente desplegados en África— hacia el Comando Sur, la división responsable de las operaciones en América Latina. La medida responde a una reorganización de activos militares en la región para respaldar futuras misiones antinarcóticos y antiterroristas en alianza con gobiernos locales, según confirmaron seis fuentes de la administración a CNN.
Aunque el año pasado Washington ya había enviado drones MQ-9, cazas F-35 y aeronaves de ataque AC-130 al Caribe para interceptar embarcaciones de narcotráfico, este nuevo despliegue apunta a intensificar las operaciones terrestres en colaboración con países aliados.
Reasignación de recursos estratégicos
Fuentes cercanas a la planificación indicaron que la «mayoría» de los drones MQ-9 asignados al Comando para África (AFRICOM) pasarán al control del Comando Sur (SOUTHCOM). Estos dispositivos, clave para labores de inteligencia y ataques de precisión, se utilizarán en futuras operaciones dentro de la región, incluyendo posibles acciones en Ecuador, país que este año inició patrullajes conjuntos con EEUU contra organizaciones catalogadas como terroristas.
No obstante, la reasignación de estos activos genera debate interno. Parte del equipo analiza destinar algunas unidades a Oriente Medio para suplir las bajas sufridas en el conflicto con Irán. Por otro lado, mandos militares en África expresaron inquietud, advirtiendo que la retirada de los drones podría debilitar la contención de grupos extremistas como ISIS y al-Shabaab, los cuales han ganado terreno tras la progresiva reducción de la presencia estadounidense en el continente.
A pesar de estas objeciones, la postura del Pentágono responde a las directrices fijadas por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien en la Estrategia de Defensa Nacional estableció la protección del territorio continental y del hemisferio occidental como la prioridad número uno de Washington.
Marco legal y alianzas en la región
El movimiento militar se alinea con las facultades legales aprobadas por la administración Trump. Según informes revelados por CNN, el Departamento de Justicia elaboró un dictamen jurídico clasificado que autoriza el uso de fuerza letal contra una lista secreta de cárteles de la droga, al catalogarlos como combatientes enemigos y una «amenaza inminente» para la seguridad nacional.
En el plano diplomático, el gobierno estadounidense ha consolidado alianzas estratégicas en la región:
- Colombia: El presidente Abelardo de la Espriella acordó con EEUU el préstamo de tres drones MQ-9A Reaper para vigilar rutas del narcotráfico y ejecutar ataques de precisión.
- Panamá: La Embajada de EE. UU. confirmó la entrega de sistemas de drones de largo alcance al Servicio Nacional Aeronaval para el monitoreo de fronteras y rutas marítimas.
- Otros aliados: En la cumbre regional de agosto, el Pentágono destacó la colaboración de Ecuador, Honduras, Guatemala y Jamaica en operaciones militares conjuntas contra el «narcoterrorismo».
Cambios de táctica e impacto real
Las operaciones militares de EEUU en el Caribe y el Pacífico oriental contra presuntos narcotraficantes han dejado un saldo de al menos 230 muertos en los últimos meses. Sin embargo, analistas y funcionarios de seguridad cuestionan la efectividad a largo plazo de esta estrategia, señalando que los cárteles han diversificado sus métodos de transporte y rutas.
En semanas recientes, las fuerzas armadas han modificado sus tácticas marítimas: en lugar de bombardeos directos inmediatos, han comenzado a interceptar embarcaciones, detener a las tripulaciones para entregarlas a países aliados y posteriormente hundir las naves. Según el secretario de Estado, Marco Rubio, esta variación busca adaptar los procedimientos a los marcos legales de las naciones socias en aguas territoriales. Aun así, EEUU no ha abandonado del todo los ataques directos, como el registrado el pasado 9 de septiembre en el Caribe, donde tres tripulantes resultaron muertos.
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