Un tribunal dominicano aplazó el juicio contra Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, procesados tras el colapso del establecimiento en Santo Domingo que dejó 236 muertos y decenas de heridos en 2025.
El Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional dispuso una pausa de una semana tras la presentación de pruebas por parte de la Fiscalía. Las audiencias se reanudarán el próximo viernes 25 de septiembre a las 0:00 hora local (13:00 GMT).
«Sabían lo que sucedía»
A la salida del tribunal, el abogado querellante Luis Custodio afirmó a la prensa que el material probatorio demuestra que los empresarios tenían pleno conocimiento del deterioro del local antes de la catástrofe.
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«Se sigue comprobando que los dueños del Jet Set sabían lo que pasaba. Para ellos era normal que en el techo se rompieran los plafones y que lloviera más adentro que afuera», aseveró Custodio.
Entre las evidencias presentadas destaca una conversación en la que Maribel Espaillat le advertía a su hermano que la discoteca estaba «todo desbaratada», señalando que, tras varios días sin lluvias ni aire acondicionado encendido, el agua continuaba filtrándose en el interior. «La dimensión del riesgo estaba más que clara en la mente de todos ellos», enfatizó el jurista.
Estructura sobrecargada
En la sesión anterior, tres peritos del Ministerio Público coincidieron en que el colapso fue provocado por una severa sobrecarga estructural. La edificación soportaba un peso muy superior a su capacidad debido a la acumulación paulatina de capas de fino, tanques de agua, casetas, equipos de climatización, sistemas de sonido y luces heavy-duty.
Reclamo de las víctimas y dolor colectivo
La tragedia ocurrió la madrugada del 8 de abril de 2025 durante un concierto del legendario merenguero dominicano Rubby Pérez, quien falleció en el siniestro junto a uno de los músicos de su orquesta.
Entre las 236 víctimas mortales figuraron personalidades destacadas como el exlanzador de Grandes Ligas Octavio Dotel, el diseñador Martín Polanco y el hijo del ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella. La tragedia alcanzó dimensión internacional al registrarse el deceso de 18 venezolanos, tres hispanodominicanos, dos franceses, un haitiano, una colombiana, una costarricense, un italiano y un keniano.
Ante la gravedad de los hechos, familiares de los fallecidos —como la madre de la difunta gobernadora de Montecristi, Nelsy Cruz— exigen que los acusados sean procesados por homicidio voluntario y no bajo la tipificación actual de homicidio involuntario, delito que contempla una pena máxima de apenas dos años de prisión en el país.
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