El informe “Trata en la prostitución de mujeres y niñas en la frontera colombo-venezolana”, elaborado por la Corporación Mujer Denuncia y Muévete, documentó 630 casos de trata entre 2018 y 2026. Del total registrado, el 78 % de las mujeres adultas y el 99 % de las niñas son de nacionalidad venezolana.
Paula Andrea Jiménez, codirectora de Laboratorio Migrante, explicó en el programa Háblame Bajito de Radio Fe y Alegría Noticias que la migración forzada, la pobreza extrema, la violencia intrafamiliar y el control territorial de grupos armados son los principales factores que aumentan la vulnerabilidad de esta población.
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La investigadora detalló que la mayoría de las víctimas tienen entre 16 y 29 años, y que el departamento de Norte de Santander (Colombia) concentra la mayor cantidad de registros de trata con fines de explotación sexual. La problemática impacta directamente en las zonas fronterizas de Táchira y Zulia, además de afectar a víctimas captadas en distintas regiones de Venezuela e introducidas en áreas como el Catatumbo.
Mecanismos de captación y actores involucrados
Según la investigación, entre las estructuras criminales vinculadas destacan el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC. Las redes aprovechan las situaciones de precariedad para captar a las jóvenes, llegando incluso a coaccionar a vecinas, amigas e integrantes del núcleo familiar previamente victimizadas para que recluten a otras mujeres.
Fachadas legales y entorno digital
Jiménez advirtió que la explotación sexual suele camuflarse en negocios con apariencia legal —como hoteles, bares, spas y viviendas de alquiler temporal— y, de forma creciente, a través de plataformas de contenido webcam, lo que dificulta la detección por parte de las autoridades.
Asimismo, alertó sobre la difusión de contenido pornográfico sin consentimiento y grabaciones de agresiones sexuales como manifestaciones adicionales de violencia. Para someter a las víctimas, las redes emplean violencia física, amenazas con armas, retención de documentos de identidad, administración forzada de alcohol y drogas, o extorsión a través de sus parejas.
“Siempre hay una amiga, una vecina o un familiar directo que ya ha sido captado por estas estructuras”, enfatizó Jiménez.
Violencia previa y crisis humanitarias
El estudio destaca que muchas de las mujeres afectadas ya arrastraban antecedentes de violencia en sus hogares. En algunos casos, recurrieron a uniones tempranas para escapar de sus entornos familiares, pero terminaron siendo explotadas por sus propias parejas.
Las emergencias humanitarias agudizan estos riesgos. Se denunciaron situaciones en albergues de zonas afectadas por desastres naturales en Colombia, donde individuos intentaron llevarse a mujeres por la fuerza. A largo plazo, estas dinámicas dejan graves Secuelas como estrés postraumático y embarazos derivados de violencia sexual y reproductiva en condiciones de extrema vulnerabilidad.
Reducir la demanda: la clave del problema
Para Jiménez, el fenómeno debe abordarse analizando el triángulo compuesto por quienes pagan por servicios sexuales, los proxenetas que lucran y las mujeres o niñas sometidas.
“Sin la demanda de ese comercio sexual no existiría la trata ni la explotación de niñas, adolescentes y mujeres”, sentenció.
Finalmente, la especialista cuestionó el uso del término «trabajo sexual» en contextos de sometimiento y exhortó a los Estados y a la sociedad civil a implementar medidas para frenar la demanda, desmantelar las redes delictivas y brindar alternativas de vida reales a las víctimas.
Con información Alberto News
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