Familiares de 77 personas procesadas por un presunto esquema de contrabando en la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) reiteraron este lunes su exigencia de otorgar medidas sustitutivas de libertad para que los procesados puedan afrontar sus juicios fuera de prisión, siguiendo el precedente establecido a principios de año con los presos políticos.
El expediente, conocido como el caso «PDVSA-Obrero», agrupa a personas aprehendidas desde octubre de 2024. Entre los implicados se encuentran ciudadanos ajenos a la empresa, obreros de bajo rango y efectivos de cuerpos policiales y militares.
Aunque las cifras presentadas por los familiares han variado progresivamente —de 170 iniciales a 160 y más de 150—, el cómputo actual refleja que al menos 76 personas han sido puestas en libertad hasta la fecha.
La abogada Zimarú Fuentes, familiar de uno de los privados de libertad, precisó durante una rueda de prensa la distribución geográfica de quienes continúan detenidos:
- Anzoátegui: 54 personas
- Carabobo: 10 personas
- Falcón: 9 personas
- Distrito Capital: 1 persona
- La Guaira: 3 personas (sentenciadas el pasado 1 de octubre)
Fuentes exhortó a las autoridades a extender las medidas cautelares otorgadas al primer grupo de beneficiarios para garantizar que el resto «pueda defenderse en libertad».
Asimismo, denunció graves irregularidades procesales al afirmar que el caso reproduce el patrón utilizado contra los presos políticos. Entre las anomalías señaladas, destacó la situación del fiscal querellante original, Jean Karín López Ruiz, quien fue acusado de corrupción y cuyo paradero actual se desconoce.
Emergencia médica tras las rejas
La vocera hizo un llamado de alerta por el deterioro de salud de cuatro de los reclusos que requieren atención médica prioritaria:
- Larry José Moya: presenta complicaciones generales severas.
- Renier Macetti: ha sufrido dos infartos en reclusión.
- María Alejandra Rodríguez y Lenis Cruz: requieren intervención médica inmediata.
Respaldo político y denuncias de impunidad
La conferencia contó con el respaldo del diputado opositor Tomás Guanipa, quien solicitó la intermediación de la administración estadounidense para presionar por las liberaciones pendientes.
«Al presidente Donald Trump y al secretario de Estado Marco Rubio les decimos que todavía hay muchas personas presas que deberían estar libres. Su intermediación es clave para lograr su liberación», sostuvo el parlamentario.
Guanipa exhibió además un esquema descriptivo —denominado por él como «hampograma»— en el que señaló de forma directa al exfiscal Tarek William Saab, a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Caryslia Rodríguez, y al defensor público general, Daniel Ramírez. «Son ellos quienes deberían estar privados de libertad por el daño ocasionado al país», aseveró.
Antecedentes de la causa
Las primeras detenciones de este proceso ocurrieron en octubre de 2024 en la Refinería Puerto La Cruz, en el estado Anzoátegui. Según los reportes presentados por la defensa en febrero pasado, los imputados fueron vinculados a presuntas operaciones de contrabando de combustible hacia el exterior en el contexto de las sanciones internacionales impuestas contra el país.
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