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Cámara de Diputados de Perú aprueba otorgar facultades legislativas al Gobierno de Keiko Fujimori

La Cámara de Diputados de Perú aprobó otorgar facultades legislativas al Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori por un periodo de 90 días. La medida, que permitirá al Ejecutivo emitir decretos en materia de seguridad ciudadana y gestión del fenómeno climático de El Niño, pasa ahora al Senado para su debate y eventual ratificación.

La iniciativa fue aprobada con 66 votos a favor, 34 en contra y 24 abstenciones, tras reconsiderarse una votación inicial sobre el dictamen de la Comisión de Constitución. La propuesta contó con el respaldo de agrupaciones parlamentarias como Ahora Nación, Buen Gobierno, Obras y Renovación Popular.

Un debate tenso y prolongado

La aprobación se logró tras más de 12 horas de discusión caracterizadas por reiteradas interrupciones y la falta de consensos:

Rechazo de propuestas alternativas: La negativa inicial a aprobar el dictamen de comisión llevó a discutir una propuesta en minoría sustentada por el congresista fujimorista Arturo Alegría. Esta versión fue rechazada al incorporar temas ajenos a la urgencia inmediata, como el fortalecimiento de las Pymes, la promoción del empleo y reformas al régimen tributario.

Tensiones por el reglamento: Posteriormente, Alegría planteó integrar 20 puntos del dictamen original con otros 9 adicionales, lo que provocó protestas de la bancada izquierdista Juntos por el Perú por la falta de conocimiento formal sobre el nuevo texto.

Intervención de la Junta de Portavoces: Tras suspender la sesión para consultar a la Junta de Portavoces —que también desestimó la propuesta en minoría—, el pleno aprobó una moción de reconsideración sobre el proyecto original de la comisión, alcanzando finalmente los votos requeridos.

Presión desde el Ejecutivo

El resultado se da un mes después de que el Ejecutivo presentara la solicitud formal. El pasado 29 de septiembre, Fujimori generó cuestionamientos tras declarar que el Parlamento estaba «poniendo a prueba su paciencia», afirmación calificada por diversos sectores políticos como un amago de presión hacia el Poder Legislativo.

En su momento, la mandataria tildó de «lamentable» la demora en el debate, aunque apeló «a la buena voluntad y actitud positiva de los grupos políticos», advirtiendo además que, de ser rechazadas las facultades, su Administración emplearía «todos los mecanismos necesarios para enfrentar la criminalidad» en el país.

Con información EFE

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