El abogado y asesor jurídico de Vente Venezuela, Omar Mora Tosta, afirmó este domingo que es urgente investigar “hasta sus últimas consecuencias” la denuncia realizada por la exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Bárbara Gabriela César Siero, relacionada con la inhabilitación política de María Corina Machado.
Durante una entrevista con la periodista Margarita Oropeza para Venevisión, Mora Tosta sostuvo que las afirmaciones de la exmagistrada son “gravísimas” y que deben ser atendidas para restablecer las garantías políticas de la líder opositora.
“Este es el tipo de Poder Judicial que no queremos en Venezuela. Por eso precisamente nos hemos empeñado en que se dé este proceso de reinstitucionalización del país”, expresó.
El jurista insistió en que Venezuela requiere instituciones independientes y fortalecidas, en las que los jueces puedan decidir conforme al derecho y sin presiones.
Solicitan nulidad de la inhabilitación
Mora Tosta consideró que la inhabilitación de Machado debe ser anulada de forma absoluta. A su juicio, la Contraloría General de Venezuela no tiene facultades para inhabilitar a una persona, pues la inhabilitación política sería una pena accesoria derivada de un proceso penal con pleno respeto al debido proceso y al derecho a la defensa.“La única solución que esta situación que se ha planteado tiene es la nulidad absoluta de esa decisión”, señaló.
También se refirió a la posibilidad del regreso de Machado al país. Indicó que la dirigente ha intentado venir a Venezuela en varias ocasiones sin éxito y manifestó su expectativa de que pueda regresar “muy pronto” tras las declaraciones recientes y una reunión que, según dijo, se realizó en Washington.
Presos políticos y leyes
Sobre la situación de más de 300 presos políticos en Venezuela, el abogado planteó que su liberación “sin ningún tipo de restricción” sería la muestra más clara de voluntad política.Asimismo, pidió la derogación de la Ley contra el Odio y la Ley Simón Bolívar, junto con otras normas que, según su criterio, vulneran derechos fundamentales consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales.
“No pueden existir estos instrumentos legales que penden una suerte de espada de Damocles encima de 30 millones de personas en este país”, sentenció.
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