Tras la intensa oleada de violencia urbana que sacudió a Francia durante el fin de semana, el Gobierno anunció este lunes la implantación de toques de queda localizados en varios puntos del país, así como la activación de un esquema de desempleo parcial para proteger a los casi 3.000 comercios afectados.
El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, ofreció una rueda de prensa tras encabezar un gabinete de crisis motivado por los saqueos y destrozos registrados al margen de las multitudinarias manifestaciones del 17 de octubre. Las protestas, convocadas para denunciar el encarecimiento del coste de la vida y el deterioro de la educación y la sanidad pública, reflejan el descontento tras casi una década de mandato del presidente Emmanuel Macron.
Con Macron en viaje oficial por el Golfo Pérsico, Lecornu asumió la vocería del Ejecutivo para presentar las medidas con las que se busca frenar un brote de violencia cuyos antecedentes inmediatos remiten a los disturbios por la muerte del menor Nahel (2023), la crisis de la reforma de las pensiones (2023) y el movimiento de los «chalecos amarillos» (2018).
Toque de queda antes del estado de emergencia
El primer ministro justificó la imposición inminente de toques de queda territoriales como una alternativa preferible, por el momento, a la declaración del estado de emergencia:
«Un toque de queda parcial y focalizado es un instrumento más adaptado a la situación actual que declarar el estado de emergencia», señaló Lecornu, aunque no descartó recurrir a este último si la situación se agrava.
Asimismo, adelantó que el Ministerio del Interior publicará un mapa detallado con las zonas sujetas a esta restricción.
Protección al empleo y reacción de los mercados
Para amortiguar las severas pérdidas económicas, el Gobierno permitirá que los empleados de los comercios damnificados se acojan a partir del martes a un mecanismo de desempleo parcial financiado al 100 % por el Estado.
«Se trata de una medida para proteger el empleo; no podemos permitir que a los daños materiales se sume un impacto social irreparable», enfatizó Lecornu, sin precisar el coste financiero que esto supondrá para las arcas públicas en un momento de notable fragilidad económica.
La inestabilidad social pasó factura inmediata a los mercados: el diferencial del bono francés a 10 años respecto al bund alemán se amplió hasta los 144 puntos básicos, mientras que el índice bursátil parisino (CAC-40) registró un retroceso del 1,5 % a mitad de la jornada. Todo ello ocurre a seis meses de las elecciones presidenciales y en medio de las dificultades del Gobierno para sacar adelante los presupuestos en una Asamblea Nacional profundamente fragmentada entre la izquierda, el centro macronista y la extrema derecha.
Señalamientos a la ultraizquierda y balance policial
Durante su comparecencia, Lecornu volvió a responsabilizar a sectores de la ultraizquierda de intentar desestabilizar el calendario electoral previa consulta a los servicios de inteligencia. Según las encuestas actuales, la candidatura de la ultraderechista Marine Le Pen encabeza las preferencias, seguida por el líder izquierdista Jean-Luc Mélenchon.
El jefe del Ejecutivo calificó de «milagro» que no se hayan registrado víctimas mortales, defendió el despliegue de las fuerzas de seguridad y prometió una «respuesta penal masiva». En la región parisina, 200 investigadores trabajan en la identificación de los saqueadores a través de cámaras de videovigilancia, e incluso se ha solicitado la colaboración ciudadana para dar con los sospechosos.
Según datos del Ministerio de Justicia, hasta las 08:00 horas del lunes permanecían bajo custodia policial 2.331 personas —un 70 % de ellas mayores de edad—, y la Fiscalía ha solicitado prisión preventiva en más del 80 % de los casos.
Con información EFE
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