Las negociaciones para fijar el salario mínimo de 2027 en América Latina enfrentan un delicado dilema: compensar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores sin desencadenar una nueva ola inflacionaria. Este debate se dará en un entorno marcado por mayores costos de la energía, tasas de interés elevadas y un reducido margen para aplicar aumentos reales, según explicaron analistas consultados por Bloomberg Línea.
“Los gobiernos deberán equilibrar dos objetivos: proteger el ingreso real golpeado este año y evitar nuevas presiones sobre los precios, en un contexto donde los bancos centrales se mantienen cautelosos”, señaló Nicolás Cruz, analista de investigaciones económicas de Corficolombiana. Cruz prevé que las decisiones se inclinen por criterios técnicos —como la inflación esperada y la productividad— combinados con el diálogo entre gobiernos, empresarios y sindicatos.
A estas presiones se suma el mercado energético. “Las discusiones llegan en un momento crítico, con el petróleo Brent cotizando en torno a los US$110 por barril, más de un 70% por encima de los niveles de finales de 2025”, explicó Jonathan Fortun, economista del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF).
Para Fortun, el riesgo principal es que los aumentos salariales se indexen a la inflación actual y coincidan con un crudo costoso, forzando a los bancos centrales a frenar sus recortes de tasas y volviendo estructural la inflación.
Colombia: el escenario más desafiante
Tras un incremento cercano al 23% para 2026, la inflación interanual se ubicó en 6,29% a septiembre (más del doble de la meta del emisor). El Banco de la República elevó su tasa del 10,25% en enero al 12,25% actual para frenar los efectos de la indexación.
Ante la apertura de las mesas de concertación por parte del Gobierno, los analistas sugieren que un ajuste de un solo dígito permitiría proteger el ingreso sin generar un nuevo choque de costos en una economía donde el salario mínimo impacta pensiones y tarifas.
Brasil: condicionado por la política y la tasa Selic
Con una inflación del 4,58% en septiembre (por encima del techo de la meta), la definición del sueldo mínimo depende en parte del desenlace político tras la segunda vuelta presidencial. Aunque la propuesta oficial proyecta un incremento del 7,4% (hasta los R$1.741) impulsado por el consumo de los hogares con menores ingresos, el margen de maniobra fiscal es estrecho.
Con la tasa de referencia (Selic) en 13,75%, el Banco Central evaluará el impacto del reajuste antes de retomar el relajamiento monetario.
Argentina: ajustes fijados e inflación desbocada
Sin un acuerdo entre empresarios y sindicatos, el Ejecutivo fijó incrementos por resolución con alzas promedio de entre 1,7% y 1,9% mensual hasta alcanzar los ARS$437.000 en abril de 2027.
Frente a una proyección inflacionaria cercana al 17,8% para fines de 2027, el poder de compra del salario mínimo se mantiene fuertemente erosionado, ubicándose en términos reales en cerca de la mitad de su valor de 2019.
México: mayor espacio de maniobra, pero con riesgos operativos
Con una inflación anual de 3,45% en septiembre (dentro del rango meta de Banxico), México parte de una posición de relativa estabilidad. Tras alzas de doble dígito como el 13% aplicado en 2026, se prevé un nuevo ajuste cercano al 12% impulsado por la meta gubernamental de cubrir 2,5 canastas básicas.
Sin embargo, analistas advierten que la coincidencia de este aumento con la reducción paulatina de la jornada laboral a 40 horas creará una fuerte presión de costos en las pymes, con riesgo de trasladarse a precios al consumidor y empujar la informalidad.
Chile y Perú: esquemas graduales definidos
Chile encarará dos reajustes en 2027: el primero en enero (según el IPC acumulado entre mayo y diciembre de 2026) y el segundo en julio, sobre el monto actual de CLP$553.553. Por su parte, Perú inició una escalada al elevar el sueldo básico de S/1.130 a S/1.230 en octubre (un 8,8% de incremento), como primer paso hacia la meta de S/1.300 proyectada para 2027 en un contexto donde la inflación de Lima repuntó al 4,55%.
Bolivia: presiones fiscales y conflictividad social
Las negociaciones arrancan con tensiones por el rechazo sindical al retiro gradual de los subsidios a los combustibles y un dólar oficial que pasó de Bs.6,86 a cerca de Bs.11,7 tras iniciar su flotación. Aunque la inflación cayó interanualmente al 5,7% en septiembre, el encarecimiento del diésel y el reducido margen fiscal dificultan la repetición de aumentos elevados (como el 20% decretado en 2026) sin profundizar la brecha cambiaria o derivar en movilizaciones sociales.
Criterios de sostenibilidad macroeconómica
Para evitar distorsiones, los analistas coinciden en que los ajustes deberían tomar como base la inflación observada al cierre de año agregando únicamente las ganancias reales sustentadas en la productividad laboral.
Incrementar el haber mínimo por encima de esa suma eleva de manera inmediata los costos operativos de las empresas, que terminan trasladando dicho costo a los precios finales y cancelando el beneficio buscado para los trabajadores. Además, en países donde el sueldo mínimo indexa las pensiones y las nóminas estatales, ajustes desmedidos representan una fuerte carga fiscal que termina restringiendo el margen para la inversión productiva.
Con información Bloomberglinea
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