El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó este jueves la militarización «inmediata y temporal» de Cúcuta ante los recientes hechos de violencia registrados en el departamento de Norte de Santander. Con esta medida, las autoridades buscan contener a los grupos armados ilegales y restablecer el orden público en la zona limítrofe.
La decisión contempla un despliegue conjunto del Ejército colombiano y la Policía Nacional para resguardar los puntos estratégicos de la ciudad y los pasos internacionales que comunican con Venezuela, entre ellos los puentes Francisco de Paula Santander y Simón Bolívar.
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«He ordenado la militarización inmediata de Cúcuta. Esa militarización será temporal mientras estabilizamos el orden público. El Ejército Nacional reforzará su presencia en la ciudad en coordinación con la Policía», afirmó De la Espriella durante una rueda de prensa desde Bogotá.
El mandatario enfatizó que la intervención busca recuperar el control territorial frente a estructuras criminales que operan en la región, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN). «Cúcuta no está sola. A los nortesantandereanos les envío un mensaje claro y contundente: no vamos a permitir que el narcoterrorismo siga sembrando el miedo», expresó.
Asimismo, instruyó al ministro de Defensa, Jorge Mora, y a los altos mandos militares a mantener «operaciones sostenidas» y presentar resultados verificables. Para ello, el próximo martes 3 de noviembre se pondrá en marcha la campaña militar-policial «Esparta» y el Bloque Operacional de Seguridad Urbana (Bosul), enfocados en desarticular las finanzas y estructuras delictivas de la zona. De la Espriella adelantó que viajará la próxima semana a Cúcuta para supervisar las operaciones.
Atentado cerca de la frontera
La orden presidencial responde a una seguidilla de actos violentos en Cúcuta, entre los que destacan el asesinato del exsecretario de Gobierno Miguel Castellanos y una explosión registrada el martes 27 de octubre cerca del puente internacional Francisco de Paula Santander, que conecta al sector de El Escobal con la población venezolana de Ureña (estado Táchira).
El atentado dejó varios heridos y motivó la apertura de una investigación oficial. Las autoridades colombianas ofrecen una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita capturar a los responsables, entre los que figura un sujeto apodado «David», presunto integrante del ELN.
Aunque los eventos afectan directamente la dinámica del paso fronterizo, el Gobierno precisó que la militarización se focaliza de momento en Cúcuta y no implica una medida generalizada a lo largo de toda la frontera colombo-venezolana.
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