Ciudadanos venezolanos figuran en la lista de 14 extranjeros reportados como desaparecidos tras la colisión de dos trenes de alta velocidad registrada el pasado miércoles 28 de octubre en Urda, provincia de Toledo, España. El accidente ha dejado hasta el momento un balance provisional de 69 fallecidos, según informó el diario ABC.
Actualmente, las autoridades españolas mantienen activas 67 denuncias por desaparición. Además de Venezuela, entre las nacionalidades de las víctimas extranjeras se encuentran personas procedentes de Argentina, Australia, Canadá, Estados Unidos, Francia, Japón, México, República Checa y Túnez. Por ahora, no se ha precisado el número exacto ni las identidades de los venezolanos afectados.
Inicialmente, la Guardia Civil recibió 72 reportes de familiares y allegados; sin embargo, la cifra descendió a 67 tras localizar a cinco personas: dos de ellas se encontraban ingresadas en centros hospitalarios y una tercera no llegó a abordar el tren.
Las denuncias han sido formalizadas en distintas comandancias del instituto armado: Toledo concentra la mayoría con 38 reportes, seguida de Madrid (24), Sevilla (8), Ciudad Real (1) y Logroño (1).
Progresos en la identificación de víctimas
El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real ha recibido 69 cuerpos, de los cuales 65 ya han sido sometidos a autopsia. Hasta el momento, los equipos forenses han logrado identificar a 12 de las víctimas mortales (nueve hombres y tres mujeres), información que ya ha sido transmitida a sus familiares.
Los procedimientos de identificación se están realizando mediante el cotejo de huellas dactilares —a cargo del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil— y la recolección de muestras de ADN aportadas por los familiares de los desaparecidos.
El cómputo de fallecidos se mantiene en 69, cifra que incluye a un pasajero que falleció en el hospital de Ciudad Real tras ser ingresado con heridas de gravedad.
En el operativo participan más de 60 profesionales de Toledo, Ciudad Real y Cáceres, acompañados por especialistas del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, así como nueve expertos del Instituto Nacional de Toxicología dedicados a los análisis genéticos post mortem.
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