La aceleración de la inflación en Venezuela genera alarma entre los analistas económicos en este inicio de noviembre de 2026. A pesar del reporte oficial del gobierno de Delcy Rodríguez, que ubicó la inflación de octubre en 6,2 %, firmas y expertos independientes advierten que el costo de la vida avanza a un ritmo mayor que el tipo de cambio oficial, lo que amenaza la estabilidad financiera nacional.
Este desfase entre el incremento de los precios y el valor del dólar ha provocado un severo atraso cambiario. «Venezuela es una economía bimonetaria y los aumentos de los precios están altamente correlacionados con los ajustes del tipo de cambio. Sin embargo, conviene precisar que, en promedio, el ritmo de aumento de los precios excede al del tipo de cambio», señala la firma Oikos Research.
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La consultora, dirigida por los economistas José Guerra y Daniel Cadena, detalla la magnitud del desequilibrio: «Si se considera el aumento acumulado entre diciembre de 2025 y octubre de 2026, los precios subieron un 245,5 %, mientras que el tipo de cambio oficial se deslizó un 198,3 %. Esto evidencia un atraso cambiario significativo; en otras palabras, producir y consumir bienes en Venezuela resulta cada vez más caro frente a los productos importados».
Por su parte, el economista Hermes Pérez sostiene que la desaceleración del índice inflacionario es engañoso e inestable. «La pérdida de impulso de los precios no se ve tan pronunciada cuando se calcula la inflación promedio, que marcó un 12 % mensual y un 514 % anual. Los precios han perdido algo de fuerza, pero su paso sigue siendo elevado», explica el profesor de la Universidad Metropolitana. Pérez subraya que «una característica perniciosa de nuestra inflación es su enorme volatilidad», un factor que «dificulta cualquier previsión futura para las familias y las empresas».
Ante este escenario, Oikos Research destaca cuáles son los sectores más golpeados por el incremento del costo de la vida. Los rubros con mayor incidencia en el gasto de los consumidores fueron salud (10,3 %) y transporte (7,2 %), seguidos por alimentos (5,7 %), comunicaciones (5 %) y alquiler de vivienda (4,4 %).
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