La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) emitió la Circular N.º 08748, fechada el 30 de octubre de 2026, para recordar a todas las entidades financieras del país —tanto públicas como privadas— que está estrictamente prohibido aplicar cobros de comisiones o mantenimiento en las cuentas nómina de pensionados, jubilados y adultos mayores.
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La disposición responde a las recientes denuncias elevadas por el Comité de Derechos Humanos para la Defensa de Pensionados, Jubilados y Personas Adultas Mayores. Según informaron sus voceros nacionales, Edgar Silva y Urimare Capote, en un comunicado difundido el 9 de noviembre, la medida busca frenar los descuentos irregulares que merman los ingresos de este grupo vulnerable.
Alcance de la normativa y atención prioritaria
El nuevo documento de la Sudeban ratifica lo ya establecido en la Circular N.º 0136 (de julio de 2024) y recopila resoluciones vigentes desde 2010, 2013 y 2015. Entre los puntos clave que las instituciones bancarias deben acatar destacan:
- Prohibición de cargos no autorizados: No se pueden descontar tarifas o comisiones por mantenimiento que no estén expresamente contempladas en el tarifario oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).
- Trato preferencial: Es obligatorio brindar atención adecuada y prioritaria a adultos mayores, pensionados, jubilados y personas con discapacidad.
- Límite de espera: Las agencias bancarias deben contar con taquillas exclusivas y garantizar que el tiempo de espera para trámites presenciales o retiros de efectivo no supere los 15 minutos.
Denuncias y exigencia de reembolsos
El pronunciamiento oficial ocurre pocos días después de que integrantes del Comité acudieran a la sede de la Sudeban en Caracas, el pasado 28 de octubre, para exigir una intervención urgente. Según denunció el gremio, varias entidades bancarias venían descontando hasta 654 bolívares mensuales por mantenimiento de cuenta, una cifra cinco veces superior a la pensión mensual de 130 bolívares, lo que en la práctica anulaba el ingreso de los beneficiarios.
Aunque la organización —con 35 años de trayectoria en la defensa de derechos sociales— valoró la respuesta normativa, advirtió que el documento por sí solo no resuelve el problema si no va acompañado de supervisión. Por ello, instaron al organismo regulador a activar mecanismos de fiscalización, investigar los débitos automáticos denunciados y ordenar a los bancos la restitución inmediata del dinero retenido indebidamente a los adultos mayores.
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