La junta directiva del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) ofreció una rueda de prensa para ratificar su exigencia de derogar la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, aprobada en 2017.
Durante el encuentro con los medios, los voceros gremiales fijaron posición frente al proceso de consulta pública que adelanta la Asamblea Nacional sobre el proyecto de reforma parcial de dicha normativa.
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El presidente del CNP, Tinedo Guía, sostuvo que el instrumento legal no admite modificaciones ni puntos intermedios, pues su sola existencia vulnera garantías fundamentales consagradas en la Constitución, tales como el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información.
Una «mutación del castigo»
En representación del gremio, Guía alertó que el texto de reforma propuesto representa una «mutación del castigo» y no un avance hacia las libertades democráticas. Explicó que, si bien el proyecto plantea eliminar las penas privativas de libertad, conserva conceptos jurídicos amplios y discrecionales —como «zozobra», «angustia» u «hostigamiento»— que permiten seguir criminalizando el ejercicio del periodismo y la crítica ciudadana.
Asimismo, el gremio denunció que sustituir la cárcel por multas desproporcionadas, bloqueos de portales digitales, retiro inmediato de contenidos y cierres o revocatorias de concesiones solo reconfigura los mecanismos de censura. A juicio de la institución, estas medidas administrativas comprometen la sostenibilidad económica de los trabajadores de la prensa y la continuidad operativa de los medios independientes.
Exigencias a los poderes Legislativo y Judicial
Por su parte, la secretaria general del CNP, Delvalle Canelón, presentó un pliego de peticiones dirigido tanto al Parlamento como al Poder Judicial: solicitó a la Asamblea Nacional la derogación total de la ley y al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la declaratoria de nulidad de un instrumento que consideran contrario a los derechos humanos.
«Exigimos la libertad plena para todos los ciudadanos y periodistas privados de libertad por el ejercicio de sus derechos, así como el sobreseimiento de las causas abiertas, el levantamiento de medidas cautelares y la eliminación de antecedentes penales derivados de esta ley», concluyó Canelón.
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