Acompañado por una multitud de más de tres mil simpatizantes y bajo un fuerte dispositivo de seguridad, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, formalizó ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) la inscripción de su candidatura presidencial para buscar un tercer mandato consecutivo, nuevamente junto al vicepresidente Félix Ulloa.
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Durante la concentración a las afueras del ente electoral, los seguidores del mandatario corearon consignas como «¡Seis años más!», en referencia al periodo gubernamental ampliado tras las recientes reformas en el país. En su discurso ante la multitud, Bukele afirmó: «Vamos a hacer historia otra vez (…). El Salvador no va a volver al pasado».
Respaldo en encuestas frente a cuestionamientos institucionales
La postulación de Bukele ocurre en un escenario marcado por altos índices de popularidad, pero también por fuertes críticas nacionales e internacionales sobre la institucionalidad del país:
- Intención de voto y aprobación: De acuerdo con encuestas citadas por el medio Diario Libre, el mandatario registra entre un 55 % y un 70 % de intención de voto de cara a los próximos comicios. Por su parte, un reporte de DW Español estima que su nivel de aprobación ciudadana alcanza el 80 %, impulsado principalmente por su política de seguridad.
- Postura oficial: Frente a las críticas sobre el estado de las instituciones, Bukele defendió la legitimidad del proceso asegurando que «ahora sí hay democracia y todos pueden participar, todos los partidos políticos».
- Críticas de la oposición: Sectores opositores y analistas políticos califican al mandatario de «autócrata», argumentando que mantiene una concentración casi total de los poderes públicos del Estado, incluyendo el Legislativo, el Judicial y el órgano electoral.
Señalamientos de la ONU y contexto constitucional
La gestión de seguridad de Bukele, basada en un prolongado régimen de excepción para combatir a las pandillas, ha reducido drásticamente las tasas de homicidios en la nación centroamericana, anteriormente catalogada como una de las más violentas del mundo. Sin embargo, organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales mantienen alertas sobre el costo en derechos humanos de estas medidas.
Un grupo de expertos independientes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió recientemente que los abusos documentados durante la aplicación del régimen de excepción —tales como detenciones arbitrarias y denuncias de tortura en centros penitenciarios— podrían constituir crímenes de lesa humanidad. El gobierno salvadoreño ha rechazado de forma reiterada estos señalamientos, defendiendo la legalidad de sus acciones y la soberanía de su sistema democrático.
Nayib Bukele asumió la presidencia por primera vez en 2019. Posteriormente, el 1 de junio de 2024, tomó posesión para un segundo mandato consecutivo tras una polémica interpretación de la Sala de lo Constitucional —designada por el oficialismo— que habilitó la reelección inmediata, pese a que diversos artículos de la Constitución salvadoreña la prohibían explícitamente en ese momento.
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