El caso de Yonatan Figueroa, el vigilante de la escuela Rafael Guerra Méndez que amordazó, violó y descuartizó la doctora Nardy Mora, ha conmocionado a la colectividad.
Un desenlace que avizoraba una tragedia. Un violador al que un juez le otorgó la libertad con tan solo tres años de pena y su posterior contratación en una escuela de la entidad carabobeña, reflejan las incongruencias del sistema judicial venezolano.
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Las investigaciones sugieren que la profesional de la salud avisó a sus familiares que asistiría a la escuela Rafael Guerra Méndez el pasado 24 de agosto a hacer una jornada de atención social, voluntariado que hacía con frecuencia, pues pertenecía a un Movimiento valenciano que ayudaba a los más necesitados.
El asesino de esta ejemplar doctora fue el vigilante de la institución educativa, quien en el interrogatorio realizado por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas #Cicpc confesó el abominable crimen y reveló que el cuerpo descuartizado no sólo lo lanzó a una cochinera, sino también al tanque subterráneo de la escuela y al río Cabriales.
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Este hecho ha conmocionado al gremio médico y al todo el país, que cuestionan a la justicia, ya que trascendió que el homicida confeso tenía antecedentes penales por abuso sexual.
De hecho, estuvo tres años preso por el delito de violación pero un juez decidió dejarlo en libertad y un colegio carabobeño lo contrató de vigilante, lo que fue el lugar perfecto para cometer un nuevo crimen y cegarle la vida a una profesional de la medicina que ayudaba a quienes más lo necesitaban.
Este crimen nos hace reflexionar sobre las incongruencias de la justicia en Venezuela.
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